Esa es la pregunta que se hacen hoy muchas personas tras conocerse el fallo contra José Eugenio Díaz, el ex intendente de El Brete condenado por abuso sexual. Y aunque hay condena, las víctimas sienten que no alcanzó. ¿Qué pasó realmente y por qué la Justicia le dio solo tres años de prisión en suspenso? Acá te lo contamos sin vueltas.
El martes, la Justicia de Córdoba declaró culpable a José Eugenio Díaz por abusar de seis mujeres que trabajaban en la municipalidad. Lo encontraron responsable de cuatro hechos de abuso sexual y cuatro de coacción, cometidos entre 2000 y 2004. Las víctimas eran mujeres en situación de vulnerabilidad que necesitaban un trabajo o un ingreso mínimo para mantener a sus familias.
Según las denuncias, Díaz les ofrecía planes sociales a cambio de sexo. “Con él todo era a cambio de sexo, nunca se ocultó”, dijo una de las mujeres en una entrevista con El Doce. Esta práctica, conocida como sexoesa, fue una constante en su gestión y recién ahora se hizo justicia.
Todas las mujeres coincidieron en sus testimonios: si no accedían a los pedidos sexuales del intendente, perdían el trabajo o los planes sociales. Iban a su oficina a buscar respuestas, pero encontraban amenazas. “Era hacer lo que él decía o quedarte sin nada”, explicó otra de las denunciantes.
A pesar de lo grave de los hechos, la pena fue de solo tres años de prisión condicional. Es decir, Díaz no irá preso, salvo que vuelva a cometer un delito. Para muchas personas, esa condena no está a la altura de los daños que causó.
Las denuncias contra José Eugenio Díaz fueron presentadas en 2004. Pero la causa quedó frenada durante casi dos décadas. Solo en los últimos años, con más visibilidad en medios y presión de organizaciones sociales, el caso volvió a avanzar. El juicio fue abreviado: Díaz admitió lo que hizo.
Aunque la sentencia marca un precedente, también dejó en evidencia los límites del sistema judicial. Las víctimas esperaron 22 años para ser escuchadas, y aún así, sienten que no hubo reparación real.
No. Con la condena firme, Díaz queda inhabilitado para ocupar cargos públicos. Aunque no irá a prisión, la sentencia se registra en sus antecedentes penales. Según autoridades judiciales, ya no podrá postularse a ningún cargo.
Porque visibiliza una práctica sistemática donde el poder político usa la necesidad económica para abusar. El caso de José Eugenio Díaz muestra cómo el acceso a trabajo o planes sociales puede convertirse en una trampa para personas vulnerables si no hay controles y justicia rápida.
La historia no termina acá. Muchas víctimas siguen esperando ser escuchadas. Y este caso puede ser el empujón para que otras se animen a denunciar.
