¿Puede una empresa con solo tres empleados terminar en la quiebra por un solo juicio laboral? La respuesta es sí, y el caso de Junín lo muestra con crudeza. Lo que empezó como un desacuerdo comercial terminó en un embargo millonario que hoy tiene a una microempresa al borde del cierre. Entender qué pasó es clave para cualquier pyme que hoy da trabajo en la provincia de Buenos Aires.
Una microempresa dedicada desde hace doce años a la fabricación y venta de indumentaria infantil enfrenta un juicio laboral que amenaza su existencia. Naranja Mandarina tiene apenas 3 empleados, una estructura chica y una facturación limitada. Sin embargo, la Justicia ordenó un embargo preventivo por 330 millones de pesos, una cifra imposible de afrontar para un negocio de ese tamaño.
El conflicto comenzó con un distribuidor que durante años compró mercadería a crédito y la revendió por su cuenta, fijando precios y zonas de venta. No tenía horario fijo, no cobraba sueldo y no estaba bajo órdenes directas. En 2022, tras un desacuerdo comercial, esa persona se consideró despedida y presentó un juicio laboral.
La empresa sostuvo que nunca existió relación laboral y que el caso debía resolverse en el ámbito comercial. Pero la Justicia bonaerense entendió lo contrario: calificó el vínculo como laboral y lo encuadró bajo la figura de “viajante de comercio”. El fallo inicial fijó una indemnización de 14 millones de pesos.
El problema vino después. A ese monto se le aplicaron intereses, multas y el criterio del llamado fallo Barrios, lo que hizo que la deuda creciera un 1.257%. El resultado fue una condena de 190 millones y, además, un embargo por 330 millones para “garantizar el cobro”.
Las consecuencias fueron inmediatas. Cuentas bancarias bloqueadas, cheques rechazados, imposibilidad de pagar sueldos, proveedores e impuestos. La actividad quedó paralizada. Hoy, la empresa evalúa iniciar un concurso preventivo como único camino para no cerrar definitivamente.
Este caso no es aislado. Es una radiografía de lo que enfrentan muchas pyme en Argentina. Un solo juicio laboral puede destruir años de trabajo, incluso cuando no hubo mala fe ni abuso por parte del empleador. Para una microempresa, estos montos no son discutibles: son letales.
Los números ayudan a entender el contexto. La litigiosidad laboral crece año tras año, incluso cuando bajan los accidentes de trabajo. En 2025, las demandas aumentaron más del 5% interanual y la provincia de Buenos Aires concentra cerca del 40% de los juicios del país. Para muchas firmas chicas, el juicio se volvió un negocio ajeno a la realidad productiva.
Este escenario explica por qué el empleo privado formal no despega. Para una pyme, contratar implica asumir costos altos y riesgos legales imposibles de prever. Frente a eso, muchas eligen no crecer, no tomar personal o directamente cerrar.
Modernizar las reglas laborales no es quitar derechos. Es evitar que dar trabajo sea una ruleta rusa donde una empresa con 3 empleados pueda desaparecer por un embargo de 330 millones. Entender estos casos es el primer paso para dimensionar un problema que afecta a todo el entramado productivo.
