¿Cómo se perdió más de 380 millones de dólares en compras de gas natural licuado sin que nadie se diera cuenta? La respuesta está en un fallo reciente que sacudió al kirchnerismo y volvió a poner a Julio De Vido en el centro de la escena judicial.
El Tribunal Oral Federal N° 7 condenó este martes a Julio De Vido, su exsubsecretario Roberto Baratta y al empresario Nicolás Dromi San Martino por irregularidades en la compra de GNL durante el gobierno kirchnerista. Según la investigación, las adquisiciones se hicieron sin licitaciones públicas y a través de intermediarios privados, lo que perjudicó directamente al Estado.
Julio De Vido recibió cuatro años de prisión e inhabilitación perpetua por administración fraudulenta. Roberto Baratta fue condenado a tres años y seis meses, mientras que Nicolás Dromi San Martino, director ejecutivo de Diligentia S.A., obtuvo tres años en suspenso como partícipe necesario. Aunque las penas son efectivas, no habrá detención inmediata hasta que el fallo quede firme.
La causa se centró en la compra de 11 buques de GNL entre 2008 y 2009, por más de 380 millones de dólares. El tribunal también ordenó la restitución de 5.523.345 dólares más intereses: 4.791.600 dólares deberán devolverlos los tres condenados solidariamente, mientras que De Vido y Baratta afrontarán otros 731.744 dólares por separado.
El fallo fue firmado por los jueces Enrique Méndez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero. En esta causa, a diferencia de otras como “Mamá Corazón”, se probaron las irregularidades en la gestión de fondos públicos y el uso de intermediarios en compras energéticas.
La fiscal Fabiana León explicó que desde el Ministerio de Planificación Federal se ejecutó una defraudación coordinada con pagos arbitrarios a empresas intermediarias como Diligentia, Dysan y YPF, dentro del Programa Energía Total (PET), creado en 2007 para cubrir el déficit energético tras la caída de las exportaciones de gas.
La investigación reveló que no hubo licitaciones ni procedimientos competitivos. Enarsa, la empresa estatal, actuó como intermediaria pasiva, y la ausencia de un reglamento interno facilitó la discrecionalidad en el uso de fondos públicos.
La denuncia original fue presentada por los diputados de oposición Patricia Bullrich, Laura Alonso y Federico Pinedo, y estaba vinculada al caso Cuadernos. Aunque se analizaron sobreprecios entre 2008 y 2015, el juicio se concentró en las maniobras de intermediación de once cargamentos.
Seis de esos cargamentos fueron gestionados por YPF y vendidos por Repsol Comercializadora de Gas S.A., por 267.935.139 dólares, mientras que los cinco restantes pasaron por Diligentia y Dysan, empresas de los Dromi, por 112.475.792 dólares. Las comisiones alcanzaron 5.523.345 dólares, sin justificación contractual ni técnica.
Además, Nicolás Dromi San Martino deberá realizar un curso de ética pública para el sector privado. La resolución completa del fallo se conocerá el 28 de noviembre, marcando un nuevo revés judicial para Julio De Vido y manteniendo en alerta al kirchnerismo.
