El jueves, el Gobierno de Javier Milei, a través del Ministerio de Seguridad Nacional, encabezado por Patricia Bullrich, presentó una denuncia penal tras el atentado registrado el miércoles contra la caravana presidencial en Lomas de Zamora. Lo que parecía un hecho aislado despertó dudas sobre si hubo una coordinación detrás del ataque.
La denuncia se realizó por los delitos de intimidación pública y atentado a la autoridad agravado por participación criminal, y ya fue girada a la justicia federal para profundizar la investigación. El caso quedó en manos del Juzgado Federal N°2, a cargo del juez Luis Armella, quien ahora debe investigar el ataque sufrido por Javier Milei, su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el diputado nacional José Luis Espert.
Según el Ministerio de Seguridad, la agresión no fue un hecho aislado: un grupo de personas habría actuado de manera organizada, lo que se considera un agravante en la ley. La denuncia pide que la investigación se profundice para esclarecer cómo se coordinó el ataque y determinar responsabilidades.
Hasta el momento, hay tres personas identificadas:
Thiago Roman Florentín, de 22 años y residente en Alejandro Korn, detenido por arrojar objetos contundentes contra la comitiva presidencial. Florentín milita en el MTR (Movimiento Teresa Rodríguez) bajo el lema “Votamos luchar por el cambio social”.
Diego Martín Paz, de 43 años, integrante de la barra disidente de Arsenal Fútbol Club en Sarandí. Con derecho de admisión por tiempo indeterminado, registra antecedentes policiales y restricciones impuestas por la Aprevide por hechos que afectaron el orden público.
José Marcelino Dabrowsky, de 56 años, responsable de bloquear el paso de la comitiva presidencial en el centro de Lomas de Zamora. Aunque participó del hecho, la fiscal Silvina Estévez, titular de la UFI N°4, decidió no tomar medidas en su contra.
El Ministerio sostiene que el ataque podría ser parte de un plan deliberado y coordinado, lo que convierte el hecho en un delito más grave que un simple acto de violencia aislado. Por eso, la investigación judicial ahora busca determinar si se trató de un ataque organizado y quiénes participaron.
Este caso sigue generando preguntas: ¿cómo se organizó el ataque? ¿Habrá más responsables detrás de los detenidos? La denuncia presentada apunta a esclarecer todo el escenario y asegura que el sistema judicial analice cada detalle de lo ocurrido.
Mientras la justicia avanza, la opinión pública y los partidos políticos observan atentos cómo se desarrollan las investigaciones, con el objetivo de evitar que hechos como este vuelvan a repetirse.
