El arancelamiento de salud y educación a extranjeros: un cambio controvertido en la política nacional
El reciente anuncio del gobierno de imponer aranceles a los servicios de salud y educación universitaria para los extranjeros no residentes en el país ha desatado un intenso debate.
Aunque la medida responde a un contexto económico, su implementación genera incertidumbre y preocupación en varios ámbitos.
En el ámbito educativo, las universidades nacionales, como la UBA, han manifestado su desconcierto. Según el vocero presidencial, la propuesta busca generar una fuente de financiamiento para las universidades, especialmente en carreras como Medicina, donde la presencia extranjera es significativa.
Sin embargo, los números oficiales revelan que los estudiantes internacionales representan solo un 4,3% de la matrícula, lo que pone en duda la efectividad de la medida.
Por otro lado, en el sector sanitario, la propuesta de cobrar a extranjeros no residentes es una extensión de las políticas ya adoptadas por provincias como Salta y Mendoza.
Estos gobiernos aseguran que han logrado un ahorro significativo y una mejora en la atención para los ciudadanos nacionales. Sin embargo, algunos ministros provinciales, como Nicolás Kreplak, cuestionan la viabilidad y la motivación detrás de la reforma, asegurando que se trata de un intento por generar resentimiento sin comprender adecuadamente el funcionamiento del sistema.
La medida también plantea dudas sobre la descentralización del sistema de salud. En las provincias del norte, donde el porcentaje de atención a extranjeros es más alto, se aplaude la reforma, pero en lugares como Buenos Aires, donde los extranjeros son una pequeña fracción, se considera innecesaria y divisiva.
Este anuncio podría generar una fractura en las políticas públicas, ya que el sector académico y sanitario parece no estar preparado para la implementación de estas reformas.
El gobierno, por su parte, asegura que la medida es necesaria para evitar el abuso de los “tours beneficio sanitarios” y buscar un para la sociedad. Sin embargo, la falta de consenso sobre su aplicación sugiere que este será un tema a seguir de cerca en los próximos meses.