El pasado jueves, el Gobierno argentino publicó un decreto en el Boletín Oficial que establece las condiciones para iniciar el proceso de privatización de las cuatro principales centrales hidroeléctricas de la región del Comahue: Piedra del Águila, El Chocón-Arroyito, Alicurá y Cerros Colorados-Planicie Banderita. Estas centrales son fundamentales en la generación de energía eléctrica del país y representan un paso significativo en la estrategia de privatizaciones del Gobierno.

Horas después del anuncio, el vocero presidencial, Manuel Adorni, informó que la empresa Corredores Viales S.A., encargada de más de 5.000 kilómetros de rutas en el país, también se sumará a este proceso de privatización. En los próximos días se publicará el llamado a licitación, permitiendo a los interesados acceder a los pliegos para competir por la operación de esta empresa.

La privatización de las centrales hidroeléctricas y de Corredores Viales S.A. surge de las discusiones en torno a la Ley de Bases y ha cobrado fuerza en las últimas semanas, especialmente con el caso de Aerolíneas Argentinas, cuyo proceso de privatización ya está en discusión en el Congreso de la Nación.

El polémico diputado Nicolás Massot, de Encuentro Federal, se mostró reticente a apoyar la privatización, sugiriendo que un modelo similar al de YPF podría ser más viable. Sin embargo, la oposición dejó claro que no hay suficientes votos para avanzar. La Comisión Bicameral de Seguimiento de Privatizadas es fundamental para supervisar las empresas que están en proceso de privatización.

A medida que se avanza en el proceso de privatización, la presión política y los desafíos de gestión seguirán siendo cruciales para el éxito de estas iniciativas. La oposición argumenta que debería ser su responsabilidad liderar la Comisión Bicameral, mientras que el oficialismo busca controlar la presidencia.