El Gobierno ha decidido avanzar de manera contundente en la privatización de empresas públicas, con un enfoque particular en Aerolíneas Argentinas, que ha enfrentado una serie de conflictos sindicales en las últimas semanas. Este proceso forma parte de un plan más amplio que busca que el Estado se deshaga de todas las empresas con participación estatal, impulsado por el presidente Javier Milei. El objetivo, según expresaron fuentes oficiales, es acelerar la venta o concesión de 59 empresas públicas o con participación mixta.
"El Estado no tiene que ser empresario. Vamos a vender todo lo más rápido posible", afirmó un alto funcionario que sigue de cerca el proceso, supervisado por Diego Chaher, titular de la Agencia de Transformación de las Empresas Públicas. Esta entidad fue creada recientemente para coordinar la transformación de las empresas estatales en sociedades anónimas y gestionar su privatización.
El plan del gobierno incluye varias alternativas para privatizar las empresas: una oferta pública bajo el régimen de la Comisión Nacional de Valores (CNV), concesiones o concursos públicos, tanto nacionales como internacionales. En algunos casos, como en IMPSA, una empresa mendocina especializada en la fabricación de componentes para proyectos hidroeléctricos, ya se han iniciado trámites para su posible privatización. Sin embargo, estos procesos pueden ser largos y complejos, a pesar de la urgencia política.
Fuentes cercanas al gobierno indicaron que el foco inicial está en aquellas compañías que ya operan como sociedades anónimas, lo que les permitiría cotizar en Bolsa con un porcentaje mínimo de acciones para conocer su valor de mercado antes de ampliar la oferta o llamar a licitación.
Uno de los obstáculos que enfrenta el gobierno es la aprobación de balances financieros adeudados por varias empresas públicas. Un caso notable es Casa de la Moneda, que aún tiene balances pendientes debido a investigaciones judiciales. Empresas como ARSAT tampoco han presentado balances desde 2019, lo que ha retrasado su eventual privatización.
Para agilizar este proceso, el gobierno solicitó una dispensa que permita contratar servicios contables externos para auditar los balances, lo que permitiría avanzar más rápido en la privatización.
Otras empresas, como EANA (Empresa de Navegación Aérea Argentina), han tenido situaciones particulares en los últimos meses. Bajo la gestión de Agustín Rodríguez, esta compañía logró generar superávit y transformarse en sociedad anónima. Sin embargo, Rodríguez dejó su cargo recientemente, y asumió Norma Rotta, una controladora aérea de Comodoro Rivadavia, quien supervisará su continuidad.
En el caso de Aerolíneas Argentinas, la Casa Rosada ha tomado la privatización de la aerolínea como una prioridad, especialmente tras los reiterados conflictos sindicales. Mauricio Macri sugirió en sus redes sociales distintos escenarios para la venta o liquidación de la empresa, y el gobierno ya ha iniciado conversaciones con firmas de la región para explorar alternativas.
La administración de Milei también busca acelerar el proceso en el Congreso, donde la empresa estatal no fue incluida en la lista de compañías susceptibles de ser privatizadas bajo la Ley Bases. Ayer, la presidenta de la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados pidió comenzar a estudiar los proyectos de privatización, y se espera que varios funcionarios clave presenten sus informes en los próximos días.
