En una nueva medida alineada con su política de ajuste fiscal, el Gobierno de Javier Milei decretó la disolución de la empresa estatal Trenes Argentinos Capital Humano (DECAHF), lo que resultó en el despido de 1.388 empleados. Según fuentes oficiales, esta decisión permitirá un ahorro anual de $42.000 millones.

DECAHF, una de las cinco subsidiarias de Trenes Argentinos, no operaba trenes. Su rol estaba enfocado en la gestión de recursos humanos del sector ferroviario, incluyendo la administración de programas de capacitación, asesoría y otros servicios como el Archivo Histórico Documental Ferroviario y el Museo Nacional Ferroviario.

El secretario de Transporte, Franco Mogetta, explicó en una conferencia de prensa que la eliminación de DECAHF responde a la necesidad de eliminar funciones duplicadas en las empresas ferroviarias del Estado. "Se trataba de una empresa sin funciones concretas y con personal innecesario", señaló Mogetta, destacando que con la medida se reduce la plantilla estatal en 1.388 empleados, eliminando un gasto considerado superfluo por el Ejecutivo.

La Resolución Nº 35/2024, que oficializa la disolución, fue publicada en el Boletín Oficial y forma parte de un esfuerzo por mejorar la eficiencia en la administración pública y contribuir al equilibrio fiscal.

Denuncias de irregularidades en la gestión de DECAHF

Además de la reducción de costos, el Gobierno mencionó irregularidades en la gestión de DECAHF. Entre 2019 y 2023, la empresa habría incurrido en gastos no vinculados a su objeto social, como la contratación de artistas para espectáculos por un monto cercano a los $80 millones, según un comunicado oficial. También se señaló la existencia de áreas con personal sobredimensionado, como las de género, donde se detectó la duplicación de tareas.

El Gobierno aseguró que estos gastos no aportaban valor al sector ferroviario y que la disolución de la empresa es coherente con su estrategia de transparencia en el gasto público.

La disolución de DECAHF se enmarca en una serie de recortes más amplios que el Gobierno ha implementado desde diciembre de 2023. En total, se han despedido a 28.000 empleados públicos, lo que representa un 5,7% de la plantilla estatal, con un ahorro acumulado de $36.000 millones. En el sector de las empresas estatales, la reducción fue de 9.900 empleados, una política que, según el oficialismo, busca optimizar el uso de los recursos.

Otra entidad disuelta recientemente fue el Instituto Argentino del Transporte, un organismo creado en 2014 con el objetivo de elaborar el Plan Estratégico de Transporte, pero que, según el Gobierno, nunca cumplió con su función. Este organismo también fue eliminado por duplicación de responsabilidades con otras áreas del Estado, como la Secretaría de Transporte y la Agencia de Seguridad Vial.