El Gobierno presentó ante el Congreso el proyecto de Ley Hojarasca, cuyo principal objetivo es “derogar costos inútiles para los contribuyentes y eliminar normas que afectan las libertades individuales”. Esta iniciativa propone la derogación de 70 leyes sancionadas a lo largo del siglo XX, principalmente durante gobiernos militares y algunas gestiones democráticas.

Según fuentes oficiales, la Ley Hojarasca promueve la seguridad jurídica y elimina obstáculos para el desarrollo personal y colectivo. Parte de la premisa de que todo lo permitido por la Constitución Nacional no necesita regulaciones específicas, y se propone erradicar leyes que “han generado gastos innecesarios para los contribuyentes, como la creación de organismos que no aportan valor real, como la Federación Argentina de Municipios”. ”.

Desde el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, liderado por Federico Sturzenegger, sostienen que “con esta ley se pretende eliminar las barreras que afectan las libertades individuales y que generan costos inútiles por la sobrerregulación. Las personas pueden realizar cualquier actividad permitida por la Constitución sin la necesidad de leyes adicionales que, con el tiempo, se convierten en trabas para el desarrollo y el crecimiento del país”.

El proyecto también subraya que muchas de las normas a derogar provienen de una “concepción militar” que imponía un orden sobrerregulatorio que, en algunos casos, restringía la libertad y la actividad económica. Además, se incluyen leyes creadas durante gobiernos democráticos como los de Cristina y Néstor Kirchner, Raúl Alfonsín, Arturo Frondizi y Juan Domingo Perón, que son consideradas desactualizadas o que han sido superadas por otras normativas.

En su análisis jurídico, la Ley Hojarasca pone en discusión el actual sistema de presunciones, que establece que todo está prohibido salvo lo expresamente permitido. En contraposición, el proyecto reitera el principio constitucional de que los individuos deben gozar de máxima libertad, salvo en casos expresamente prohibidos por la ley. Este enfoque busca desmantelar normativas que “fueron creadas con el único fin de controlar o perseguir a oponentes políticos”.

Por último, el proyecto critica los impuestos y prohibiciones sobre sectores culturales como el cine y el teatro, los cuales, en lugar de proteger estas actividades, generan trabas para su desarrollo. La Ley Hojarasca pretende devolver el dinamismo a la economía, eliminando regulaciones que ya no tienen relevancia y que solo incrementan los costos para la ciudadanía.