El gobierno de Javier Milei profundiza su agenda de desregulación con un nuevo paquete legislativo que promete generar fuerte impacto político e institucional. Se trata de la denominada “Ley Hojarasca”, impulsada por el ministro Federico Sturzenegger, que busca eliminar cientos de normas consideradas obsoletas, inconstitucionales o directamente inútiles.
La iniciativa apunta a reducir el peso del Estado, eliminar privilegios y desarmar estructuras burocráticas que, según el oficialismo, afectan la libertad individual y frenan el desarrollo económico.
En este contexto, el proyecto se alinea con reformas previas como el DNU 70/23, consolidando el rumbo libertario del Ejecutivo.
Uno de los ejes centrales de la propuesta es la derogación de normas que restringen libertades individuales o que responden a contextos autoritarios.
Entre los ejemplos más relevantes aparecen:
Según el Gobierno, estas normas son incompatibles con un sistema democrático moderno.
El proyecto también apunta a eliminar leyes que quedaron fuera de época o que fueron superadas por avances tecnológicos.
Entre ellas se incluyen:
Además, el paquete incluye la eliminación de trámites y estructuras burocráticas que generan costos innecesarios.
Otro punto clave es la eliminación de organismos sin funcionamiento o directamente inexistentes, muchos de ellos creados hace décadas.
El proyecto también propone terminar con el financiamiento estatal de entidades como el Círculo de Legisladores y la Federación Argentina de Municipios, que pasarían a sostenerse con aportes voluntarios.
Desde el oficialismo sostienen que estas estructuras representan un gasto sin impacto verificable.
La “Ley Hojarasca” forma parte del plan integral del Gobierno para reducir el tamaño del Estado y eliminar regulaciones que considera innecesarias.
El mensaje político es claro: avanzar hacia un esquema donde el Estado tenga un rol limitado, enfocado en funciones esenciales, dejando mayor margen de acción al sector privado.
Hasta el momento, no se precisó cuántas normas serán derogadas ni el impacto fiscal total de la medida, uno de los puntos que genera expectativa en el ámbito político y económico.