Una denuncia por lavado de dinero sacude a la provincia de Buenos Aires. Según la causa FSM 23688/2024, el ministro de Transporte, Jorge D’Onofrio, y funcionarios cercanos estarían involucrados en una red de corrupción vinculada a las concesiones de Verificación Técnica Vehicular (VTV). Empresas adjudicatarias habrían firmado acuerdos estratégicos previos a las licitaciones, con condiciones cuestionables.
La firma Soluciones en Telecomunicaciones y Electrónica SA, sin experiencia en el sector, habría pactado recibir el 8,5% más IVA de los ingresos de las concesionarias. Este porcentaje, cargado sobre las tarifas de los conductores, representaría un desvío millonario. La empresa está presidida por Sebastián Desio, quien mantiene vínculos cercanos con el ministro D’Onofrio.
En menos de un año, la tarifa de VTV aumentó casi un 300%. La resolución ministerial fijó el valor en $15.997 en abril de 2024 y en $63.463 para febrero de 2025. Este incremento habría favorecido a la empresa beneficiada por el esquema, que obtiene ingresos del total recaudado. Más de 3.1 millones de verificaciones anuales garantizan cifras astronómicas para la firma de Desio.
La Cámara Federal de San Martín ordenó investigar la maniobra, que también implica la creación de empresas en España para lavar dinero. Mario Quattrochi y Claudia Pombo, señalados en la causa, habrían registrado firmas en Málaga con fondos desviados desde Argentina, complicando aún más el panorama.
Las adjudicaciones de la VTV benefician al 70% de las empresas involucradas en los acuerdos previos. Mientras tanto, los conductores bonaerenses soportan los aumentos y el presunto desvío de fondos. La justicia tiene ahora la tarea de esclarecer uno de los casos más graves de la gestión Kicillof.
