El Congreso de Georgia ha aprobado una polémica ley que restringe los derechos de la comunidad LGBT. La normativa prohíbe tanto las uniones civiles como los matrimonios entre personas del mismo sexo, además de vetar la adopción para parejas homosexuales. También se impide la promoción de contenidos LGBT en los medios de comunicación, la exhibición de la bandera arcoíris y la organización de marchas del Orgullo.
La legislación, impulsada por el partido Sueño Georgiano, ha sido comparada con la ley vigente en Rusia, que promueve la defensa de los "valores familiares tradicionales". Con 48 votos a favor, el oficialismo logró la aprobación de la medida, pese a la oposición y boicot de los partidos contrarios. Entre las sanciones que introduce, se incluyen penas de cárcel de entre uno y cuatro años para quienes realicen cirugías de reasignación de sexo y multas de hasta 4 mil lari (aproximadamente 1.500 dólares) por la difusión de propaganda LGBTQI+ en escuelas o medios.
La nueva ley también impone restricciones en las demostraciones públicas de afecto entre personas del mismo sexo, las cuales podrán ser sancionadas bajo la normativa de "valores familiares". Asimismo, se establecen multas de hasta 3 mil lari (unos 1.100 dólares) para aquellos que distribuyan materiales relacionados con el cambio de sexo o las relaciones homosexuales.
El partido oficialista ha defendido la aprobación de esta legislación, argumentando que protege los valores tradicionales de Georgia, país que tiene una fuerte influencia de la Iglesia Ortodoxa. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos y sectores de la oposición han denunciado que esta ley no solo afecta gravemente los derechos de la comunidad LGBT, sino que también podría comprometer el camino de Georgia hacia la Unión Europea.
La aprobación de esta ley ha generado protestas en las calles y fuertes críticas internacionales. Varios líderes opositores y representantes de la sociedad civil han advertido que la legislación atenta contra los derechos fundamentales y las libertades democráticas del país. Además, alertan que este tipo de políticas podrían frenar las aspiraciones de Georgia de integrarse a la UE.
Por su parte, el oficialismo insiste en que la ley es necesaria para salvaguardar los valores tradicionales de la nación. Mamuka Mdinaradze, líder de la mayoría parlamentaria, justificó la medida señalando que en otros países con ideologías liberales, hasta un 20% de los jóvenes tienen una orientación sexual no tradicional, según encuestas internacionales.
Aún se espera que la ley sea firmada por la presidenta de Georgia, Salomé Zourabichvili, quien ha expresado públicamente su rechazo a la normativa. No obstante, el partido Sueño Georgiano, que controla el Parlamento, continúa firme en su postura para convertir esta legislación en ley.
