Hay una pregunta que muchos vecinos se hacen en voz baja y que abre un debate incómodo en Villa Yacanto: ¿qué pasó entre lo que se prometió en campaña y lo que hoy se vive en el municipio? La respuesta no es simple, pero los hechos acumulados en apenas dos años de gestión permiten empezar a entender el conflicto que atraviesa a la localidad.

La administración de Fernando Moiso muestra una brecha cada vez más visible entre el discurso de libertad y cambio con el que llegó al poder y una práctica diaria marcada por desorden interno, decisiones discrecionales y conflictos institucionales. En menos de dos años, cerca de 20 funcionarios dejaron sus cargos, una cifra que refleja la falta de un rumbo claro y de equipos técnicos estables.

Lejos de fortalecer la gestión con profesionales idóneos, el intendente optó por designar a su propio padre como Secretario de Coordinación. Esta decisión alimentó críticas por nepotismo y expuso una visión personal del Estado, donde el mérito y la capacidad técnica quedaron en segundo plano. Hoy, el municipio no cuenta con un gabinete sólido que garantice una administración eficiente y previsible.

El impacto de esta forma de gobernar se siente con fuerza en el sector privado. Comerciantes y emprendedores denuncian trabas burocráticas que no buscan ordenar, sino recaudar. Uno de los puntos más cuestionados es la exigencia de estar al día con la Tasa a la Propiedad para obtener habilitaciones comerciales. Según especialistas, esta práctica no tiene respaldo en ninguna ordenanza vigente y configura un caso de tasas ilegales que asfixia la actividad económica local.

El conflicto político escaló cuando el oficialismo avanzó contra el concejal electo Sebastián Juan. Su exclusión se impulsó sin condena judicial ni falta administrativa comprobada. Para muchos, el problema no era legal, sino político: su formación jurídica y su rol de control incomodaban a la gestión. Este episodio fue leído como un claro caso de persecución política dentro del propio Concejo.

La situación llegó a la Justicia. La Cámara de Apelaciones de Río Tercero puso un freno a la maniobra al rechazar el planteo de incompetencia del Concejo y habilitar el control judicial de lo actuado. El mensaje fue claro: las mayorías circunstanciales no pueden vulnerar garantías constitucionales básicas.

A esto se suma una creciente burocracia que limita la participación vecinal. El Concejo Deliberante aprobó requisitos tan complejos para las audiencias públicas que, en la última discusión tarifaria, solo seis vecinos pudieron participar. En lugar de promover transparencia, estas medidas parecen alejar a los contribuyentes de las decisiones que afectan su bolsillo.

Con el correr del tiempo, muchos vecinos sienten que Fernando Moiso replicó prácticas de la vieja política que había prometido dejar atrás. En Villa Yacanto, el reclamo es cada vez más claro: respeto por la institucionalidad, reglas justas y un Estado municipal que deje de atropellar a quienes dice representar.