Arranca con una pregunta que muchos en Sáenz Peña se hicieron en las últimas horas: ¿qué pasó puertas adentro del Hospital “4 de Junio” para que su director denunciara amenazas de muerte? La respuesta está ligada a un conflicto gremial que ya quedó en manos de la Justicia y que generó fuerte preocupación en el ámbito sanitario chaqueño.

El director del Hospital “4 de Junio” de Presidencia Roque Sáenz Peña denunció haber recibido amenazas de muerte a través de mensajes de audio enviados a su celular. El hecho fue informado de inmediato a la Policía y actualmente es investigado por la Justicia. El caso involucra a un dirigente gremial de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y expone una situación de tensión que va más allá de una simple discusión administrativa.

Según la denuncia presentada en la Comisaría Cuarta de Sáenz Peña, el denunciante es Jaime César Etchelouz, actual director del hospital. En su declaración, explicó que recibió varios audios con contenido intimidatorio que, según afirmó, ponían en riesgo su integridad física. Los mensajes fueron preservados y entregados como prueba para que sean analizados por la Justicia.

De acuerdo al testimonio del funcionario, los audios habrían sido enviados por Ricardo Luna, secretario general de ATE en la delegación local. Siempre según lo denunciado, las expresiones utilizadas en esos mensajes constituyen amenazas directas, motivo por el cual decidió realizar la presentación policial y solicitar medidas de protección.

El origen del conflicto estaría vinculado a una notificación interna emitida por el área de Recursos Humanos del Hospital “4 de Junio”. En ese documento se les recordaba a determinados trabajadores la obligación de cumplir con sus horarios laborales habituales, ya que no contaban con licencia gremial vigente. Esta decisión administrativa generó malestar en el sector sindical y habría sido el detonante del episodio.

En su denuncia, Etchelouz dejó constancia de que las amenazas fueron claras y explícitas. Además, pidió formalmente que se dicte una prohibición de acceso y de acercamiento contra Ricardo Luna, como medida preventiva para resguardar su seguridad personal mientras avanza la investigación.

El personal policial certificó la denuncia y recepcionó los archivos de audio aportados como prueba. Todo el material fue elevado a la Justicia, que ahora deberá determinar los pasos a seguir y evaluar si corresponde aplicar medidas legales contra el dirigente gremial denunciado.

Por el momento, el caso sigue en etapa de investigación. Lo que comenzó como una notificación administrativa terminó escalando a una denuncia penal que vuelve a poner en foco los límites del conflicto gremial y la importancia de resolver las diferencias por vías institucionales, sin violencia ni amenazas.