¿Qué hay detrás del mensaje que Javier Milei retuiteó hablando de la “motosierra” para la industria del juicio? Aunque pareció solo un gesto en redes, en realidad anticipa una ofensiva del Gobierno que puede cambiar el sistema judicial laboral tal como lo conocemos. ¿Por qué el Presidente está tan preocupado? El récord de demandas judiciales previstas para 2025 y los fallos de la justicia laboral en contra de sus reformas encendieron todas las alarmas.
Un informe reciente de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART) reveló que, entre junio de 2024 y mayo de 2025, se iniciaron más de 126 mil juicios, con un costo estimado de 2 billones de pesos. Según la entidad, esto no se debe a más accidentes ni peores condiciones laborales, sino a pericias médicas infladas y tasas judiciales elevadas, que transforman cada juicio en un negocio.
La palabra clave principal, industria del juicio, resume bien lo que Milei cree que está pasando: un sistema donde las demandas laborales no buscan justicia, sino ganancias. La UART estima que el total de litigios equivale a casi 7 millones de salarios mínimos, lo que llaman directamente “el costo argentino”.
En Casa Rosada consideran que los jueces laborales están frenando los cambios del Gobierno. Fallos en contra de los decretos sobre derecho de huelga, feriados del sector público y reforma laboral fortalecen esa idea. En palabras de un funcionario del entorno de Milei: “La Justicia Laboral responde a los sindicatos”.
El enojo presidencial se canaliza en figuras concretas, como la jueza Moira Fullana, que falló varias veces contra medidas del Ejecutivo. Para Manuel Adorni, vocero presidencial, es una “jueza militante” al servicio de la mafia sindical.
El Gobierno analiza dos frentes de acción. Primero, usar el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires como instancia superior para causas laborales. Desde marzo ya recibió 140 casos laborales enviados por la Corte Suprema. Segundo, avanzar en el traspaso de juzgados nacionales a la órbita porteña, cumpliendo con lo que dice la Constitución desde 1994.
También se evalúan cambios legislativos para modificar el procedimiento en la justicia laboral. La apuesta es tener más bancas en el Congreso desde diciembre y así impulsar una reforma más profunda. Entre las medidas posibles: investigar el patrimonio de los jueces, hacer públicos sus nombres y sancionar a los abogados que, según el Gobierno, arman juicios falsos.
La batalla recién empieza. Si bien el malestar no es nuevo (ya Mauricio Macri en 2017 denunció a la “mafia de los juicios laborales”), Milei busca ir más allá: desarmar el sistema judicial que, según él, frena el desarrollo económico del país. Mientras tanto, la tensión crece y cada fallo adverso parece alimentar la idea de que la industria del juicio es uno de los principales enemigos del Gobierno.
