El ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido fue nuevamente procesado por la Justicia federal, esta vez por el delito de enriquecimiento ilícito, en el marco de una causa iniciada en 2008 y que permaneció casi dieciocho años en trámite. La decisión fue adoptada por el juez Sebastián Casanello, quien también procesó a su esposa, Alessandra Minnicelli, y dispuso un embargo conjunto por 998 millones de pesos.
La investigación fue impulsada por el fiscal federal Carlos Stornelli y se concentró en el análisis del crecimiento patrimonial del matrimonio durante los años en los que De Vido ejerció funciones públicas, tanto a nivel provincial como nacional, un período que abarca las presidencias de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner.
Según la resolución judicial, el ex funcionario registró un incremento patrimonial “apreciable y no justificado”, sin respaldo en ingresos legítimos ni recursos lícitos declarados. De acuerdo al peritaje oficial, el monto bajo observación asciende a aproximadamente 690.000 dólares.
El fallo se apoya en un informe del Cuerpo de Peritos Especializados de la Corte Suprema de Justicia, que detectó múltiples inconsistencias en las declaraciones patrimoniales del matrimonio.
Entre los puntos más relevantes, los peritos señalaron la imposibilidad de validar la tenencia de dinero en efectivo, tanto en pesos como en dólares, que De Vido y Minnicelli afirmaron poseer al inicio del período analizado. Tampoco se pudo acreditar documentalmente el origen de supuestos ingresos profesionales de Minnicelli.
Otro dato clave para el juzgado es que ambos se inscribieron en el impuesto a los Bienes Personales recién en 2002, un hecho que, según Casanello, no resulta compatible con la tenencia previa de divisas extranjeras declaradas.
A esto se sumó un informe oficial del gobierno de Santa Cruz, que indicó que no existen declaraciones juradas patrimoniales entre los años 2000 y 2003, etapa en la que De Vido se desempeñó como funcionario provincial.
Uno de los ejes centrales del procesamiento es la adquisición de un departamento sobre la avenida Del Libertador, realizada entre 2007 y 2009. Según la investigación, la operación se concretó mediante una estructura societaria diseñada para ocultar la titularidad real del inmueble.
La propiedad fue registrada a nombre de Uni-Vite Argentina S.A., una empresa cuyo capital declarado no habría sido suficiente para afrontar una compra de ese valor. Aunque formalmente figuraban como inquilinos, la Justicia sostiene que De Vido y Minnicelli fueron los verdaderos dueños y usufructuarios del departamento durante años.
Las pericias oficiales establecieron además que el valor real del inmueble era sensiblemente superior al precio declarado en la operación. Durante los allanamientos, se secuestró documentación societaria que, según el juzgado, vincula de manera directa al matrimonio con la compra del paquete accionario de la firma utilizada para la maniobra.
En su resolución, Sebastián Casanello concluyó que la causa logró reunir una extensa cadena de indicios concordantes, suficientes para sostener la hipótesis de enriquecimiento ilícito. Para el magistrado, los fondos utilizados para adquirir la sociedad y, de manera indirecta, el inmueble, habrían provenido del propio ex funcionario.
Julio De Vido fue procesado por enriquecimiento ilícito.
La causa se inició en 2008 y llevaba casi 18 años.
El embargo dispuesto es por 998 millones de pesos.
El patrimonio observado asciende a unos 690.000 dólares.
La investigación incluye la compra de un inmueble en Avenida del Libertador.
El procesamiento se suma a su condena por la tragedia del tren de Once.
El nuevo procesamiento vuelve a colocar a De Vido en el centro de la escena judicial y se suma a un extenso historial de causas vinculadas a la corrupción estructural del kirchnerismo, del que fue uno de sus funcionarios más poderosos y emblemáticos.
