La firma del contrato entre la Secretaría de Transporte y la Administración General de Puertos (AGP) para la administración de la Vía Navegable Troncal ha captado la atención del sector exportador y del comercio exterior argentino en general. La administración de esta ruta es de crucial importancia, ya que sostiene gran parte del intercambio comercial del país. Sin embargo, este nuevo acuerdo, enmarcado como un impulso hacia la modernización y desburocratización, presenta tanto oportunidades como desafíos significativos.

El contrato se enfoca en agilizar procesos administrativos, con una promesa de eliminar barreras burocráticas mediante la incorporación de tecnología en áreas fundamentales: señalización, planificación de dragado, redragado y mediciones hidrométricas. Estas herramientas deberían, en teoría, facilitar la navegación y reducir los costos para el sector. Este cambio es especialmente relevante en un contexto donde la competitividad regional depende de la eficiencia en el uso de recursos naturales y el acceso a puertos modernizados.

Sin embargo, la experiencia ha demostrado que en ocasiones los anuncios de modernización y eficiencia en la gestión pública pueden quedarse en promesas incompletas. Los sectores involucrados esperan con cautela que esta transición tecnológica se traduzca en mejoras tangibles y no se limite a una mera formalidad administrativa.

Una de las medidas más destacadas es la extensión de la sección 1.3 desde el kilómetro 460 al 470, que ahora incluye terminales portuarias en Timbúes, mejorando la competitividad del Gran Rosario. Asimismo, la inclusión de la rada La Plata en la sección 1.2 busca ofrecer condiciones más equitativas entre los puertos del Río de la Plata, permitiendo que estos puntos estratégicos competir puedan con mayores ventajas logísticas y financieras. Estos cambios reflejan la intención de hacer de la Vía Navegable Troncal un recurso óptimo y adaptable a las demandas de un mercado en constante transformación.

El nuevo acuerdo prevé ajustes en la profundidad del tramo de Timbúes a Santa Fe, lo cual debería facilitar la operatividad del calado natural. Esta medida, destinada a abaratar costos operativos, se muestra clave para que Argentina logre posicionarse en un mercado global en el que cada ventaja competitiva cuenta. Sin embargo, el verdadero beneficio de esta mejora dependerá de su implementación efectiva y de que realmente logre el ahorro prometido.

Este contrato de concesión transitoria estará en vigencia hasta que se adjudique la licitación definitiva, como lo establece el decreto 709/2024. Hasta ese momento, el sistema funcionará bajo los nuevos términos. Sin embargo, la vigencia de este esquema transitorio plantea interrogantes sobre la continuidad y efectividad de las mejoras implementadas. ¿Estarán estas realmente medidas listas para ser implementadas en un plazo tan breve, o se quedarán como un adelanto de lo que podría haber hecho?

Este nuevo contrato representa una oportunidad para modernizar uno de los ejes logísticos más importantes del país, pero la efectividad de estas reformas será clave para definir si estamos ante un avance real o solo una promesa más en la eterna deuda del Estado con el sector exportador.