La Verificación Técnica Vehicular (VTV), que representa un gasto considerable para los conductores de la provincia, podría tener los días contados si prospera un nuevo proyecto del bloque de senadores del PRO. La iniciativa, encabezada por Aldana Ahumada, Christian Gribaudo y Marcelo Leguizamón Brown, pretende eliminar el Título VI de la Ley N° 13.927, que regula la VTV, y limitar las inspecciones a las disposiciones de la Ley Nacional de Tránsito. Esto transferiría el control de la seguridad vehicular a talleres oficiales de fabricantes o concesionarias.

Los impulsores del proyecto justifican esta medida argumentando que la incidencia de fallas mecánicas en los accidentes viales es mínima, alrededor del 1%, y que la verdadera causa de siniestros está en el factor humano: el exceso de velocidad, la imprudencia y el consumo de alcohol. Ahumada se ha expresado en redes sociales sobre lo que considera “una burocracia sin sentido” y defiende que este cambio representaría un alivio económico para los ciudadanos de Buenos Aires, quienes actualmente pagan cerca de $44.000 para mantener su vehículo en regla, con nuevos aumentos previstos. para diciembre y febrero.

El proyecto de ley abre un debate interesante sobre la relación costo-beneficio de la VTV. Por un lado, los detractores sostienen que el sistema actual representa un gasto sin retribución tangible en las condiciones de seguridad vial y que el control técnico en manos privadas podría ser igualmente eficaz. Sin embargo, queda en duda si esta descentralización mantendrá el mismo rigor en los estándares de revisión. A esto se suma el desafío de qué sucederá con el personal y la infraestructura actual de la VTV, un aspecto que el bloque del PRO reconoce como sujeto a revisión con el aporte de distintos espacios políticos.

El argumento de los senadores del PRO se sostiene en que la revisión de seguridad vehicular, tal como se aplica, resulta una carga económica injustificada para los bonaerenses. Sin embargo, hay quienes cuestionan si la baja incidencia de fallas mecánicas no es precisamente un resultado de la obligatoriedad de la VTV. Ahumada, en declaraciones, menciona que el sistema actual no soluciona los problemas de fondo, como la falta de señalización y el mal estado de las rutas, que pueden ser iguales o más peligrosos que un desperfecto mecánico.

Este proyecto de ley, entonces, plantea un dilema: ¿Es la eliminación de la VTV una medida para hacer más eficientes los recursos y aliviar la economía de los bonaerenses, o podría significar un retroceso en la seguridad vial de la provincia?