La Gran Dulce emerge en el conurbano bonaerense para competir con La Salada, pero detrás de su apariencia amigable de abejita, se esconde un trasfondo cargado de polémicas.
Tendrá dos mil puestos, patio de comidas, de juegos, estacionamiento, banco, casa de cambio y una financiera. La inversión reconocida es de 700 millones de pesos. Pero el monto sería varias veces superior. Ocupa una superficie de 73.523,70 metros cuadrados, de los cuales 46.198, están cubiertos.
Lo grave de esta situación ya no son las posibles ventas en negro, el presunto blanqueo de dinero o los “verdaderos dueños” del emprendimiento que estarían detrás de esa Sociedad de Acciones Simplificadas, sino que parte de esa estructura fue construida sobre el gasoducto que alimenta al Mercado Central.
La titular de La Gran Dulce es Patricia Alejandra Fernández una “comerciante” socia de Rubén Eduardo Gómez en la empresa Holilandia S.A.S. La dirección legal de empresa también es Tucumán 633 (CABA) y, obviamente, allí tampoco responden cuando se pregunta por el complejo de juegos para niños ubicado en Nordelta. Otros de sus negocios es Autocine Holilandia S.A.S.
La titular de La Gran Dulce, Patricia Alejandra Fernández (foto superior), y su socio Rubén Eduardo Gómez (foto inferior), han levantado sospechas. La dirección registrada, Tucumán 633 en CABA, revela que en el lugar funciona una oficina de pago de impuestos. Gómez, vinculado a la movida bailantera del conurbano, se presenta como el "dueño" de La Gran Dulce y supuestamente ha solicitado "retornos" a proveedores.
A pesar de su impresionante infraestructura, la feria no cuenta con la autorización de la Municipalidad de La Matanza, ni el visto bueno de la Inspección General de Justicia (IGJ). Un dictamen de la IGJ señala irregularidades financieras y sospechas de simulación, indicando que la sociedad podría ser un "vehículo" para ocultar al verdadero dueño del negocio.
La inauguración, prevista para diciembre 2023, enfrenta obstáculos legales y técnicos, como la falta de suministro eléctrico en algunos sectores y la paralización de la obra por parte de la Municipalidad de La Matanza. La Gran Dulce se promociona como el "centro comercial más grande de la zona", pero su origen y legalidad generan dudas que podrían afectar su futuro.
Lo que sigue a continuación es producto de una nota de Infobae.com publicada con fecha 11 de noviembre 2023.
El prestigioso portal Infobae.com tuvo acceso exclusivo a documentación judicial y del Ente Nacional de Regulador del Gas (Enargas), a cargo de Osvaldo Felipe Pitrau, en la que se afirma que la construcción de la feria, o parte de ella, “se ubica sobre la traza del Gasoducto”, que alimenta a la Corporación del Mercado Central de Buenos Aires, por el cual transitan cientos de miles de personas por día, lo cual “implicaría un serio riesgo de afectación a la seguridad pública, con potenciales efectos dañinos sobre la vida y salud de las personas”.
Así se desprende de la “Medida Cautelar Genérica”, que el interventor Pitrau presentó a mediados de mayo ante la justicia federal de San Martín.
El juzgado de primera instancia tomó como propios los argumentos del Enargas al pedir “el cese inmediato de las obras, actividades y construcciones y el cese a futuro de toda actividad que implique un peligro para la seguridad pública”.
La empresa, a través de quien se presenta como su dueño, Rubén Eduardo Gómez, que ante los tribunales dijo ser el “apoderado de la Gran Dulce S.A.S.”, apeló la medida ante la Cámara de Apelación Federal de San Martín el 5 de junio pasado. Casi cinco meses después, y a pesar de la urgencia y los peligros invocados, aún no resolvieron la situación. Al no estar firme la resolución, las obras continúan y ya anunciaron una “gran inauguración” para el 1° de diciembre. No hay que perder las ventas del mes navideño.
El enorme predio que se construye sobre un gasoducto fue autorizado por la dirección de la Corporación del Mercado Central, un órgano estatal tripartito conformado por representantes del gobierno nacional, de la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Allí nada se hace o se deja de hacer sin la firma de los directores que responden políticamente a esos gobiernos: Alberto Fernández, Axel Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta. La idea original del proyecto se delineó cuando en la Casa Rosada mandaba Mauricio Macri y en territorio bonaerense María Eugenia Vidal. Rodríguez Larreta fue el único reelecto.
El Ente Nacional de Regulador del Gas alertó a la justicia sobre los peligros que implica la construcción del gigantesco emprendimiento construido “a partir de bloques de hormigón prefabricado tipo ‘lego’ con estructura de perfiles y chapa galvanizados”, por una presentación que ante el organismo realizó MetroGas S.A. el 5 de mayo pasado solicitando se dicte una “Medida Cautelar Genérica”, para que “la Corporación del Mercado Central de Buenos Aires y su aparente concesionaria La Gran Dulce cesen inmediatamente las obras, actividades y construcciones que se están desarrollando en el inmueble ubicado en Av. General Paz y 27 de Febrero, Villa Celina, Partido de La Matanza, Provincia de Buenos Aires”.
La empresa distribuidora de gas también denunció que a sus inspectores se les impedía ingresar al predio. Según la normativa de la Ley N° 24.076, la construcción de la feria “viola las normas técnicas de seguridad, ambientales, y avanza sobre la Franja de Seguridad de instalaciones gasíferas”, recordó MetroGas.
“Al intentar entablar una conversación con el personal a cargo de la obra, el mismo rechazó de manera amenazante cualquier tipo de diálogo con el personal de MetroGas”; patentizó la empresa y recordó: “Pese a los contactos mantenidos con el Mercado Central y representantes de ‘La Gran Dulce’, MetroGas no ha podido lograr que dispusieran el inmediato cese de las obras, actividades y construcciones para su posterior inspección y coordinación respecto al modo de proceder con las mismas de manera segura”.
Como si todo eso fuese poco, en la presentación judicial se consignó que personal de MetroGas detectó “que las tareas asociadas a la obra y el empuje producido por la tierra de relleno aportada al terreno lindero ha causado daños en el cierre perimetral de la misma, encontrándose el muro opuesto al acceso de la reguladora y parte de los muros laterales desmoronados”.
Y explica: “El cambio del nivel del terreno lindero hizo que ya no se cumplan con los lineamientos indicados respecto a la circunscripción de este tipo de instalaciones, quedando las mismas a la vista y expuestas ante las personas que recorran el paseo de compras y que se han acopiado materiales dentro del Inmueble, personas y maquinarias circulando dentro del mismo y en cercanías al límite de áreas clasificadas, etc., generando una condición insegura para las instalaciones que allí funcionan, la continuidad del servicio de gas natural, para las personas y el medio ambiente.”
La Gran Dulce tampoco presentó “las planimetrías, altimetrías y detalles en un plano de interferencias que permita el análisis pormenorizado para dar conformidad de cualquier actividad cercana a sus cañerías o indicar las remociones a efectuar”. Según la empresa distribuidora de gas tampoco “se han respetado los límites y restricciones para las instalaciones de superficie y cañerías subterráneas que establece el plano de mensura para afectación, ni se cumplimentaron en todas las etapas hasta ahora desarrolladas (según) la normativa vigente”.
El texto es extenso y muy técnico, pero hay palabras que no hacen falta que sean traducidas por un experto en energía. Las obras “presentan violaciones a las franjas de seguridad establecidas y graves defectos en el muro de contención (en tanto el mismo se realizó sin cimientos y con piezas de descarte), extremos que afectan de manera directa la operación, integridad y mantenimiento de la Estación Reguladora de Presión, máxime frente al terraplén que eleva el terreno sobre la Estación Reguladora de Presión de manera temeraria.”.
Ante la justicia de San Martín, el Enargas dijo que: “La seriedad y gravedad de los hechos “implicarían un serio riesgo de afectación a la seguridad pública, con potenciales efectos dañinos sobre la vida y salud de las personas, y sobre bienes afectados a la prestación de un servicio público” y le recuerda a los magistrados que “el peligro en la demora, que se derivaría del aplazamiento del dictado de una medida urgente”.
A los funcionarios del Ente Nacional de Regulador del Gas les llama poderosamente la atención que la Cámara de Apelaciones de San Martín aún no se hayan expedido.
Fuente: infobae.com
