La Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires tomó medidas enérgicas al detectar y denunciar ante la justicia penal la existencia de listas de precandidatos "ilusorias", donde varios de los postulantes no tenían domicilio en el distrito por el cual pretendían competir.

Según fuentes judiciales, esta acción resultó en un ahorro significativo para la provincia de Buenos Aires, llegando a casi 1.000 millones de pesos debido a la no impresión de las boletas de estas listas fraudulentas.

El hallazgo reveló que varios partidos políticos, como "Encuentro Republicano Federal", "Esperanza del Pueblo", "Frente Federal de Acción Solidaria" y "Justicia y Dignidad Patriótica", presentaban listas completas de precandidatos sin vínculo alguno con el distrito por el que aspiraban a postularse.

La Junta Electoral, encabezada por Sergio Torres y compuesta por diversos magistrados, destacó que lo inusual en estos casos es que uno o dos precandidatos presenten falencias en sus requisitos, pero aquí se encontraron listas enteras en las que ningún candidato cumplía con los requisitos necesarios, sugiriendo una intento de estafa electoral.

En respuesta a estas observaciones, los apoderados de los partidos fueron advertidos sobre posibles denuncias penales por fraude y decidieron retirar las listas. Ante esta situación, la Junta Electoral envió sus resultados a la Procuración General para investigar posibles delitos.

La provincia de Buenos Aires destinó un aporte de casi 2.700 millones de pesos para la impresión de boletas de las elecciones primarias. Se estima que la intervención de la Junta permitió ahorrar casi 944 millones de pesos y evitó una vulneración del electorado, ya que estas listas fraudulentas no serían representadas en las elecciones generales, incluso si superaban el piso legal del 1.5%.

El proceso legal derivado de esta situación se encuentra bajo la UFI N° 5 y el Juzgado de Garantías N° 4 del Departamento Judicial La Plata.