La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York anuló la condena contra Argentina por la expropiación de YPF y le dio un fuerte respaldo al Gobierno de Javier Milei, que logró revertir uno de los juicios más costosos de la historia reciente.
El fallo deja sin efecto una sentencia previa que obligaba al país a pagar más de USD 18.000 millones, cifra que con intereses representaba una amenaza directa sobre las finanzas públicas. La resolución marca un punto de inflexión en un litigio iniciado tras la estatización de la petrolera en 2012.
La actual administración libertaria había asumido el caso en un contexto adverso, luego de la decisión de la jueza Loretta Preska en 2023, que había condenado a la Argentina. En ese marco, la estrategia judicial desplegada en los últimos meses resultó determinante para cambiar el rumbo del expediente.
La decisión judicial en Estados Unidos tiene consecuencias inmediatas y de alto impacto económico:
Desde el oficialismo destacan que el resultado era altamente improbable, dado el historial del caso y las resoluciones previas.
Tras conocerse el fallo, dirigentes del kirchnerismo salieron a pronunciarse públicamente e intentaron adjudicarse el resultado favorable.
El gobernador bonaerense Axel Kicillof, quien fue ministro de Economía durante la expropiación, sostuvo que la decisión “deja en evidencia años de mentiras” y defendió la estatización como una medida soberana.
Por su parte, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner felicitó a los abogados que intervinieron en el proceso y reivindicó la legalidad de la expropiación de YPF.
También se sumó el expresidente Alberto Fernández, quien cuestionó al actual mandatario y minimizó el rol del Gobierno en el desenlace judicial.
Sin embargo, lo concreto es que el fallo se produjo bajo la actual gestión, que tomó el expediente en una instancia desfavorable y logró modificar el curso del litigio.
La resolución de la Cámara de Apelaciones no solo representa un alivio económico inmediato, sino que también reconfigura el escenario judicial internacional para la Argentina.
Durante más de una década, el país no había logrado decisiones favorables en este caso. El resultado actual, en cambio, evita un desembolso millonario y fortalece la estrategia legal del Estado.
No obstante, aún resta conocer si habrá nuevas instancias judiciales o apelaciones que puedan modificar el alcance del fallo.
