A partir del 1° de abril, el Gobierno de Javier Milei puso en marcha una batería de cambios impositivos que eliminan gravámenes clave sobre el consumo. La medida forma parte de la Ley de Modernización Laboral y ya tiene impacto directo en rubros como seguros, telefonía y vehículos.
El eje de la reforma, contemplado en el artículo 195, apunta a reducir la presión fiscal sobre bienes y servicios que durante años estuvieron alcanzados por alícuotas relevantes. Según el oficialismo, el objetivo es bajar distorsiones, mejorar la competitividad y aliviar el bolsillo.
Entre los cambios más concretos se destacan:
Este último punto es uno de los más relevantes, ya que durante más de una década encareció artificialmente los vehículos, incluso en gamas medias.
Desde el Gobierno aseguran que la eliminación de estos impuestos podría reflejarse en precios más bajos, especialmente en servicios como telefonía. Sin embargo, reconocen que el efecto final dependerá de cómo las empresas trasladen la baja impositiva a los consumidores.
En el sector automotor, concesionarias y analistas ya anticipan que la quita del impuesto podría reactivar la demanda, aunque aún no hay cifras oficiales sobre el impacto inmediato.
En paralelo, el juez laboral Raúl Ojeda suspendió provisoriamente 83 artículos de la ley tras un planteo de la CGT, que cuestionó posibles efectos sobre derechos laborales.
Sin embargo, la eliminación de impuestos no fue alcanzada por el fallo, por lo que el capítulo fiscal avanza sin obstáculos.
El fallo fue celebrado por sectores sindicales, que buscan frenar puntos centrales de la reforma laboral. Aun así, el Gobierno logró sostener uno de los pilares de su programa económico: la reducción del peso del Estado sobre el consumo.
Con este paquete, la administración Milei busca consolidar su estrategia de desregulación económica y generar un impacto tangible en la vida cotidiana. Los próximos meses serán clave para medir si la baja de impuestos se traduce en precios más accesibles o mayor consumo.
