Un nuevo capítulo en la investigación sobre la presunta red de desinformación rusa en Argentina impacta de lleno en Infobae, uno de los portales más leídos del país. En las últimas horas, se conoció que un integrante de su propia estructura interna habría publicado contenidos financiados por esta operatoria internacional sin conocimiento de la dirección.
El señalado es Juan Pablo Piscetta, miembro de la Comisión Gremial Interna del medio y secretario del SiPreBA. Según trascendió, habría sido el responsable de subir al menos dos artículos pagos vinculados a esta red, en el marco de una estrategia orientada a influir en la política local.
De acuerdo a la información disponible, estos contenidos formaban parte de un esquema mayor de publicaciones financiadas para instalar narrativas críticas contra el gobierno de Javier Milei y, en paralelo, favorecer intereses geopolíticos alineados con Rusia.
Por estas notas, Piscetta habría percibido cerca de 1000 dólares, cifra que coincide con los valores detectados en otros casos dentro de la misma estructura internacional.
La revelación generó un fuerte malestar dentro de la redacción de Infobae. Según fuentes internas, la empresa no tenía conocimiento previo de estas maniobras, lo que desató un reclamo inmediato por parte de periodistas del propio medio.
Entre los pedidos más firmes se destacan:
Sin embargo, el conflicto presenta un obstáculo legal clave: Piscetta cuenta con fueros gremiales, lo que impide su desvinculación directa sin un proceso previo.
Este punto abre un nuevo frente de tensión entre la empresa, los trabajadores y la estructura sindical, en un caso que combina política, medios y legislación laboral.
El caso se enmarca en una investigación más amplia que expone una operación sistemática de desinformación en el país desde 2024. Según los datos relevados, una estructura vinculada al gobierno ruso habría financiado al menos 250 artículos en más de 20 medios argentinos.
Entre los portales mencionados aparecen C5N, Ámbito, El Destape, A24, Tiempo Argentino y otros.
El objetivo de la maniobra habría sido influir en la opinión pública, aumentar la polarización y debilitar al gobierno libertario.
Por el momento, no hay confirmación oficial sobre sanciones concretas ni avances judiciales en el caso puntual de Infobae. Tampoco se detalló si habrá acciones legales contra el implicado.
La situación deja abiertos varios interrogantes:
¿Hasta dónde llegó la infiltración de estos contenidos? ¿Qué controles fallaron dentro de los medios? ¿Habrá consecuencias penales?
Mientras tanto, el escándalo golpea de lleno la credibilidad del ecosistema digital argentino.
