El conflicto entre el Gobierno de Javier Milei y la Universidad Madres de Plaza de Mayo ha escalado nuevamente. Un grupo de militantes kirchneristas fue denunciado por "usurpación" del edificio ubicado en la calle Defensa 119, en la Ciudad de Buenos Aires, donde funcionaba la sede del instituto fundado por Hebe de Bonafini, convertido en universidad antes de que Sergio Massa dejara el gobierno en 2023.
El conflicto surgió tras la decisión de la Secretaría de Educación, liderada por el Subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, de revisar las universidades creadas durante la última gestión kirchnerista. Entre ellas, se encuentra la Universidad Madres de Plaza de Mayo, absorbida y financiada por el Estado tras el fallecimiento de Bonafini. Álvarez ordenó el cese de transferencias de recursos y el desconocimiento de las autoridades de la universidad por irregularidades en los procedimientos.
La Justicia rechazó en dos instancias una medida cautelar presentada por la universidad, respaldando la revisión de la creación y actividades de cinco nuevas instituciones universitarias, aprobada por el Congreso en septiembre de 2023. Hasta ese momento, la institución operaba como el Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos, bajo el apoyo político y económico de la agrupación Madres de Plaza de Mayo.
En una de sus primeras acciones, Álvarez destituyó a Cristina Caamaño, ex interventora del sistema de inteligencia, a quien Massa había nombrado rectora. Su designación no cumplió con los protocolos establecidos, por lo que Eduardo Maurizzio, un peronista alineado con Milei, fue nombrado rector normalizador.
Maurizzio prohibió el ingreso a las instalaciones por motivos de seguridad e higiene, argumentando que los seguros de vida de los trabajadores y los elementos de seguridad, como los matafuegos, estaban vencidos. Además, señaló que sin presupuesto no sería posible realizar mantenimiento, por lo que el edificio no podía operar en esas condiciones.
La Asociación Madres de Plaza de Mayo emitió un comunicado denunciando que el gobierno de Javier Milei, a través de la Policía Federal, impidió el ingreso de los trabajadores de la universidad a su sede. Sin embargo, desde la Subsecretaría de Políticas Universitarias aclararon que la medida fue preventiva y que se levantará cuando la situación se normalice.
Álvarez afirmó: “No vamos a cerrar ninguna universidad creada por ley. Estamos analizando los contenidos y la calidad educativa de algunas universidades, pero no las vamos a cerrar”.
La disposición gubernamental generó una respuesta inmediata entre el personal y asistentes de la universidad, quienes convocaron a una movilización. La protesta llevó a reforzar el perímetro con efectivos de la Policía de Seguridad, que impidieron el ingreso de un grupo de manifestantes al edificio. A pesar de momentos de tensión, no se reportaron incidentes graves.
El inmueble en disputa pertenece al Ministerio de Justicia, pero había sido cedido para el funcionamiento del Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos Madres de Plaza de Mayo y, posteriormente, para la universidad homónima.
Con la llegada al poder de La Libertad Avanza, la Secretaría de Educación, dependiente del Ministerio de Capital Humano, suspendió el funcionamiento de la Universidad Madres de Plaza de Mayo y de otras cuatro universidades creadas en los últimos meses del gobierno anterior. Según el secretario Carlos Torrendell, la suspensión se mantendrá hasta que se determine si se cumplieron los procedimientos administrativos exigidos por la Ley de Educación Superior para la creación de nuevas universidades.
El 14 de agosto, la jueza federal en lo Contencioso Administrativo, Rita María Ailan, falló a favor del Ministerio de Capital Humano, anulando la designación de Cristina Caamaño como rectora de la universidad. El fallo se basó en que la elección de Caamaño se realizó antes de que la institución fuese oficialmente elevada a la categoría de Universidad Nacional.
En otro fallo, el 19 de julio, el juez Pablo Cayssials rechazó una medida cautelar presentada por la universidad para que el Gobierno le transfiriera más de 556 millones de pesos necesarios para su funcionamiento. La medida respondía a la decisión del Ministerio de Capital Humano de frenar la apertura de las nuevas universidades y revisar su creación y actividades.
Los cuestionamientos sobre la universidad no son nuevos. En 2017, el gobierno de Mauricio Macri intervino el Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos Madres de Plaza de Mayo debido a cambios en el objeto social de la ONG Fundación Madres de Plaza de Mayo, de la cual dependía la institución.
