El militar retirado Ernesto Guillermo Villarruel, tío de la vicepresidenta Victoria Villarruel, falleció este martes a los 80 años. Su nombre estaba vinculado a graves acusaciones por delitos de lesa humanidad en el marco de la causa que investiga los crímenes cometidos en el centro clandestino de detención El Vesubio durante la última dictadura militar en Argentina.

Ernesto era hermano del coronel retirado Eduardo Marcelo Villarruel, padre de la actual presidenta del Senado, quien participó activamente en el Operativo Independencia, lanzado en 1975 por el Gobierno de Isabel de Perón. Durante el período militar, Villarruel ocupó el cargo de jefe de División II de Inteligencia del Regimiento de Infantería 3 de La Tablada y operó desde su oficina en El Vesubio, situado en La Matanza, provincia de Buenos Aires.

Con la recuperación de la democracia y el inicio de investigaciones sobre los crímenes del golpe de Estado, Ernesto Villarruel fue acusado de privación ilegal de la libertad. Fue arrestado en 2015 mientras votaba y procesado ese mismo año; sin embargo, el 29 de diciembre de 2016, el juez Daniel Rafecas lo declaró incapaz de participar en el juicio debido a su estado de salud. Esta misma situación se replicó con otros acusados como Serapio Eduardo del Río y Oscar Alberto Pichio.

En el caso de El Vesubio, de los once acusados inicialmente, ocho fueron condenados, incluyendo a Roberto Horacio Aguirre, Humberto Eduardo Cubas y Florencio Esteban Gonceski, entre otros.

Implicaciones en la visita oficial a España

La noticia de su fallecimiento coincide con la primera visita oficial de la vicepresidenta a España, donde participó en una conferencia sobre terrorismo organizada por la ONU y el Ministerio de Relaciones Exteriores español. En su discurso, Villarruel expresó su dolor por la disminución de penas a terroristas etarras, advirtiendo sobre la injusticia hacia las víctimas del terrorismo.

Durante su alocución, la vicepresidenta destacó la historia de Argentina y España en la lucha contra el terrorismo, subrayando que “la impunidad del terrorismo lleva más de cuatro décadas de políticas estatales que justifican acciones de organizaciones armadas responsables de miles de víctimas.” También mencionó la reciente promulgación de una ley en el Senado que reconoce reparaciones para las víctimas de terrorismo, marcando un cambio en la política estatal hacia estos crímenes.