El reciente Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado por el presidente Javier Milei, que establece el despido de trabajadores del Estado contratados en 2023, ha provocado diversas reacciones y controversias. Oficializado este martes, el decreto generó preocupación entre los empleados públicos y sindicatos, quienes cuestionan la medida.
El Artículo 1 del DNU señala que las contrataciones realizadas desde el 1 de enero de 2023 bajo ciertas disposiciones no serán renovadas al concluir el año. Sin embargo, el texto también establece excepciones, como contrataciones bajo leyes especiales, cambios en la modalidad de contratación y casos donde el personal sea considerado indispensable para la operación de una jurisdicción.
El Artículo 3 limita la renovación de contratos existentes, con ingreso previo al 1 de enero de 2023, a un máximo de 90 días. Además, el Artículo 4 instruye a las autoridades a realizar un análisis detallado de estos contratos para determinar su renovación, la cual debe estar debidamente justificada.
El decreto autoriza al jefe de Gabinete de Ministros, según el Artículo 6, a emitir normativas adicionales para facilitar la implementación de estas disposiciones. Con el Artículo 7, el DNU entra en vigor de inmediato, generando debate sobre su impacto y alcance en el empleo público.
