El PRO y un sector del radicalismo liderado por Maximiliano Abad rechazan las facultades que Axel Kicillof busca para modificar alícuotas y valuaciones fiscales. También exigen que los descuentos de pagos electrónicos y anticipados sean fijados por ley.
En paralelo, el gobierno bonaerense negocia con sectores más dialoguistas, como el radicalismo de Facundo Manes y un bloque de La Libertad Avanza que rompió con el oficialismo tras las PASO. Este último fue clave para avanzar en proyectos anteriores.
El PRO propone acortar la duración de las emergencias económicas, de seguridad y administrativas incluidas en el presupuesto. La intención es que el Ejecutivo deba renovar estos pedidos en 2024, evitando el uso prolongado de facultades especiales.
Además, la tensión creció tras un cruce entre el ministro Carlos Bianco y legisladores del PRO. Bianco acusó a la oposición de politizar un trágico accidente en la Ruta 7, aunque el proyecto de pedido de informes había sido presentado días antes del suceso.
La postura opositora se refleja en la ausencia de sus líderes en un encuentro organizado por el peronismo. Aunque afirman estar dispuestos a una negociación técnica con el ministro Pablo López, rechazan reuniones informales.
El presupuesto y las leyes complementarias definen las reglas del juego para Kicillof en 2024. Las negociaciones continúan, mientras la oposición busca limitar las facultades extraordinarias del Ejecutivo y endurecer los controles legislativos.
