¿Sabías que más de 80 mil personas ya perdieron la Pensión No Contributiva por Discapacidad Laboral? El Gobierno está haciendo una auditoría que tiene a todos atentos porque podría cambiar la manera en que se entrega este beneficio. Pero, ¿qué hay detrás de estas suspensiones y qué significa para quienes reciben la pensión?
El Ministerio de Salud, junto con la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), está revisando uno por uno los casos de más de un millón de beneficiarios. La idea es asegurarse de que las pensiones se den solo a quienes realmente las necesitan. Y los números muestran que hasta ahora, el 60 % de los titulares no se presentó a las convocatorias para verificar su situación, y a más de 65 mil personas ya les suspendieron el beneficio por irregularidades.
¿De dónde salen estas cifras? Según la ANDIS, además de las suspensiones, hubo más de 8 mil renuncias voluntarias para evitar juicios y casi 7 mil bajas por fallecimientos donde seguían cobrando familiares sin derecho. En total, el Estado dejó de pagar alrededor de 80 mil pensiones, lo que representa un ahorro de más de 23 mil millones de pesos por mes.
Esta auditoría no es caprichosa ni nueva: viene acompañada de un decreto firmado en 2024 que endurece las reglas para acceder y mantener estas pensiones. Ahora, todos deben actualizar su documentación y pasar por nuevas evaluaciones médicas. Quienes no cumplan, corren riesgo de suspensión y baja definitiva.
¿Por qué tanta gente está siendo suspendida o baja? Los motivos más comunes son no cumplir con los requisitos, no presentarse a las revisiones médicas, y casos de irregularidades graves. Hubo desde certificados médicos falsos hasta personas fallecidas que seguían cobrando, e incluso presos y prófugos que recibían la pensión.
El abogado Diego Spagnuolo, al frente de la ANDIS, sostiene que durante los gobiernos kirchneristas se dio un uso político de estas pensiones, aumentando los beneficiarios de manera desmedida sin controles reales. “Estamos revirtiendo una política de subsidios discrecionales para garantizar que la ayuda llegue a quien verdaderamente la necesita”, afirmó.
Las auditorías están a cargo de profesionales médicos del PAMI y personal de ANDIS, que citan a cada beneficiario para revisar su situación. Si no se presentan, se suspende el beneficio y, de persistir la falta de respuesta, se da la baja definitiva.
Este proceso genera incertidumbre en muchas familias, pero las autoridades aseguran que no se quitará la pensión a quienes cumplen con la ley. Sin embargo, el cambio es claro: la transparencia y el control se fortalecen para evitar abusos.
La auditoría sigue su curso, y se estima que las bajas podrían superar las 250 mil pensiones al terminar. Esto implica una transformación profunda en el sistema de pensiones por discapacidad laboral, con más controles y menos discrecionalidad.
Si sos beneficiario o conocés a alguien que lo sea, es clave estar atento a las comunicaciones oficiales y cumplir con las convocatorias para no perder el derecho.
