El 30 de junio de 2025, un tribunal de Nueva York emitió una orden clave que reaviva el conflicto legal entre la República Argentina, YPF y varios fondos de inversión. La sentencia obliga al Estado argentino a entregar sus acciones Clase D de YPF, como parte del cumplimiento de una condena anterior por la expropiación de la petrolera.

El fallo responde a una moción presentada por los fondos Petersen Energía Inversora, Petersen Energía, Eton Park Capital Management, Eton Park Master Fund y Eton Park Fund. Estos fondos habían ganado un juicio en septiembre de 2023, donde la Justicia de EEUU determinó que tanto la República como YPF fueron responsables por no seguir el estatuto de la compañía en el proceso de expropiación.

Según la comunicación oficial firmada por Margarita Chun, responsable de Relaciones con el Mercado de YPF, el tribunal ordenó al Estado transferir las acciones Clase D a una cuenta de custodia en el Bank of New York Mellon (BNYM) dentro de un plazo de 14 días.

Pero no termina ahí. Una vez que esas acciones estén depositadas en BNYM, el tribunal exige que la República Argentina inicie de inmediato la transferencia de los intereses de propiedad a los fondos demandantes, o a quienes ellos designen. Esta parte del proceso debe concretarse en un solo día hábil.

Además, ese mismo día, en un expediente separado, el tribunal también avanzó con una orden similar en una causa iniciada por Bainbridge Fund Ltd., que reclama también acciones de YPF. En este caso, la instrucción es casi idéntica: transferencia a cuenta de BNYM y entrega de intereses de propiedad.

Es importante aclarar que YPF no es parte activa en ninguno de estos procedimientos de entrega. La empresa solo informó al mercado lo ocurrido, cumpliendo con las normas de la Comisión Nacional de Valores (CNV), ByMA y A3 Mercados.

En su comunicado, YPF recordó que la información se enmarca dentro del seguimiento de lo reportado en abril de 2024 y sus balances financieros. Además, dejó la puerta abierta a una posible apelación por parte de la República Argentina, aunque eso dependerá de los tiempos y estrategias legales que decidan los abogados del Estado.

Esta resolución representa un nuevo capítulo en una saga judicial que ya lleva años y que sigue afectando la imagen internacional del país. La transferencia de las acciones podría tener un impacto en el control del Estado sobre YPF, aunque aún falta ver cómo se implementará la orden y si habrá maniobras legales para frenarla.