En el marco del ambicioso proceso de reestructuración del Estado, el Gobierno nacional ha decidido poner en marcha los trámites jubilatorios para aquellos empleados de planta permanente que cumplan con los requisitos necesarios para acceder al sistema previsional. Según fuentes oficiales, alrededor de 10.000 empleados en la administración pública están en condiciones de jubilarse, de los cuales más de 6.800 son parte de la planta permanente.

La medida fue formalizada mediante la resolución 3/2024, emitida por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, liderado por Federico Sturzenegger. Esta normativa instruye a las autoridades pertinentes a notificar al personal elegible en un plazo máximo de 30 días hábiles para que inicien los trámites correspondientes.

Este movimiento se enmarca dentro de la estrategia más amplia del Gobierno para optimizar el funcionamiento estatal, promoviendo una gestión pública más transparente y eficiente. Sin embargo, la implementación de estas reformas plantea interrogantes sobre su impacto real en la calidad del servicio público. Si bien la reducción del "sobredimensionamiento" del Estado podría disminuir el déficit y equilibrar las cuentas públicas, el riesgo de una gestión deshumanizada y desprovista de sensibilidad ante las necesidades de los ciudadanos es real.

La resolución también contempla la reubicación de aquellos que se ven afectados por la reorganización, lo cual es una medida loable, pero que debe ser llevada a cabo con cuidado y consideración. La posibilidad de solicitar prórrogas para ciertos empleados plantea la necesidad de una evaluación rigurosa y justificada de cada caso, asegurando que no se convierta en una herramienta para perpetuar la burocracia innecesaria.

Además de las jubilaciones, el Gobierno ha programado un examen de idoneidad para aproximadamente 40.000 empleados estatales. Esta evaluación, que se llevará a cabo en diciembre, es fundamental para garantizar que quienes permanezcan en el servicio público cumplan con estándares adecuados de competencia. Sin embargo, la dependencia de un sistema computarizado para determinar el desempeño puede resultar problemática si no se acompaña de un análisis integral y humano de cada candidato.

Por otro lado, la exigencia de que los nuevos funcionarios presenten declaraciones patrimoniales y antecedentes laborales es un paso positivo hacia la transparencia, pero su efectividad dependerá de la implementación rigurosa de estos mecanismos.