Los fiscales salteños Mariana Torres, Carlos Salinas y Alda Daniela Murúa solicitaron la detención del juez de Garantías Claudio Parisi, del intendente de Aguas Blancas Carlos Alfredo "Conejo" Martínez y del abogado Roberto Ortega Serrano, acusados de haber interferido en la investigación de un homicidio vinculado al narcotráfico.
El caso gira en torno al asesinato de César "Oreja" Martínez, hermano del jefe comunal de Aguas Blancas, quien fue acribillado el domingo 12 de noviembre de 2023 en San Ramón de la Nueva Orán, mientras cumplía arresto domiciliario por el intento de femicidio de su ex esposa. Según las autoridades, "Oreja" estaba involucrado en actividades de narcotráfico en la zona fronteriza con Bolivia.
El homicidio de César Martínez fue ejecutado al estilo sicario, disparando desde una motocicleta. A pesar de los esfuerzos de su pareja por trasladarlo rápidamente al Hospital San Vicente de Paul, la víctima llegó sin vida. Este es el mismo hospital donde, años antes, César Martínez había dejado a su ex esposa agonizante tras intentar asfixiarla.
Los fiscales acusan al juez Parisi y al abogado Ortega Serrano de haber obstaculizado la investigación. Según las acusaciones, Parisi habría informado al intendente sobre los allanamientos planeados a través de mensajes de WhatsApp, frustrando así los esfuerzos de la fiscalía para avanzar en el caso.
La Unidad de Litigio Estratégico contra el Crimen Organizado del Norte, que incluye a Claudia Carreras, Luján Sodero Calvet, Soledad Filtrín Cuezzo y Pablo Cabot, allanó la casa del intendente en abril de este año. Sin embargo, los fiscales afirman que Parisi demoró el proceso durante semanas, lo que permitió a los acusados ganar tiempo y preparar su defensa.
El juez Raúl López ahora tiene el pedido de arresto en sus manos, ya que el juez originalmente asignado al caso, Francisco Oyarzú, fue inhabilitado por su relación cercana con el abogado acusado. Además, los fiscales han solicitado a la Corte de Justicia de Salta que autorice el allanamiento del domicilio del juez Parisi, quien también está acusado de violación de secretos e incumplimiento de sus funciones.
El procurador general de Salta, Pedro Oscar García Castiella, presentó hace dos semanas un pedido de destitución contra Parisi, alegando mal desempeño en varios casos anteriores. García Castiella ha proporcionado pruebas de decisiones judiciales arbitrarias, como la concesión de beneficios injustificados a personas vinculadas al crimen organizado. Las sospechas apuntan a que estos privilegios eran ofrecidos a cambio de favores a individuos relacionados con organizaciones criminales.
La investigación ahora se centra en determinar el alcance de la participación de las autoridades locales en este encubrimiento y en cómo sus acciones afectaron el desarrollo de las investigaciones sobre el narcotráfico en la región.
