Desde el inicio de su mandato, Milei impulsó una estrategia que combinó devaluación, ajuste fiscal y una política de retracción de gasto público. Esta serie de medidas buscó atacar el espiral inflacionario que afecta desde hace décadas a los argentinos. Sin embargo, la receta trajo más pérdidas que ganancias, especialmente para los sectores más vulnerables: jubilados, trabajadores estatales y docentes.
Según los últimos datos de la Oficina del Presupuesto del Congreso de la Nación, los ajustes en jubilaciones explican el 22,22% de la caída en la ejecución presupuestaria. En este contexto, los recortes económicos también golpearon a los programas de salud, educación y asistencia social, con especial impacto en las transferencias a las provincias, que se redujeron un 76,6% interanual en términos reales.
El congelamiento de recursos afectó gravemente la infraestructura, la inversión en educación y el funcionamiento básico de servicios esenciales. Las provincias, además de enfrentar la falta de fondos, se encontraron en una situación de desinversión que impacta directamente en la calidad de vida de sus habitantes.
Otro de los temas centrales en el balance de un año de gobierno es la crisis que enfrenta la educación superior. Con una caída del 27,9% en las transferencias a universidades nacionales, el ajuste impulsado por el gobierno de Milei golpeó a las instituciones académicas, generando una crisis en el funcionamiento de comedores, aulas y laboratorios.
El contexto es alarmante: el presupuesto de las universidades para el año 2024 continúa sin definiciones claras, lo que profundiza la incertidumbre. Más de 100 obras de infraestructura educativa se paralizaron, afectando el acceso a carreras universitarias y las posibilidades de ascenso social a través de la educación pública.
En este panorama, los programas de becas como Progresar también enfrentaron ajustes críticos, con una caída en su cantidad y una fuerte pérdida de poder adquisitivo que golpeó a los estudiantes. Los costos crecientes en transporte, alquileres y alimentación agravan el panorama, desafiando el sueño de movilidad social que la educación representa para miles de familias argentinas.
Estudiantes, docentes y trabajadores universitarios salieron a la calle en múltiples ocasiones para exigir la defensa de los derechos adquiridos y el acceso equitativo a recursos educativos. Sin embargo, el gobierno adoptó una narrativa confrontativa al señalar a las universidades como parte de una supuesta "casta privilegiada", un concepto político utilizado como herramienta de estigmatización social.
Durante este primer año de gestión, el concepto de "la casta" fue una herramienta recurrente en el discurso presidencial. Presentado como el enemigo interno responsable de los problemas estructurales, este discurso funcionó para eludir el debate sobre las decisiones económicas y sociales adoptadas. Sin embargo, la estrategia no logró convencer a toda la sociedad.
Por ejemplo, la postura de algunos aliados políticos, como el senador Eduardo Kueider, evidencia contradicciones dentro del espacio oficial, donde las alianzas se construyen entre intereses políticos diversos. Estas tensiones reflejan el desafío que enfrenta Milei al intentar sostener su narrativa y consolidar su proyecto de ajuste en un escenario marcado por la fragmentación política.
El populismo económico y la estrategia de evasión de responsabilidades derivaron en una catarata de declaraciones públicas agresivas y medidas controvertidas. Esto afectó directamente la confianza de los ciudadanos y el espacio para el diálogo social, especialmente en momentos críticos donde el consenso es clave para enfrentar crisis de largo plazo.
A un año de gestión, el balance revela un escenario con más perdedores que ganadores. Jubilados, estudiantes, trabajadores, docentes y provincias son los sectores que enfrentan el costo de un modelo económico que priorizó la estabilidad fiscal a costa de derechos históricos. Sin embargo, más allá de este panorama adverso, la clave está en la construcción de alternativas.
Como sociedad, debemos reflexionar sobre el futuro y el rol del Estado para garantizar la equidad social, el acceso a la educación, la inversión en infraestructura y el fortalecimiento de las políticas públicas. El desafío es claro: el crecimiento no puede construirse a costa del sacrificio de los sectores más vulnerables.
En este sentido, la educación, la ciencia y la tecnología se mantienen como los pilares fundamentales para transformar el país. Recuperar el financiamiento universitario, fortalecer los programas de asistencia social y repensar la relación entre desarrollo económico y justicia social son tareas prioritarias para el próximo período.
A un año de la llegada de Milei al poder, la Argentina transita un camino marcado por tensiones, ajustes y cambios estructurales. El fenómeno libertario aún está lejos de alcanzar la estabilidad prometida. Con una economía debilitada, una redistribución de recursos cada vez más excluyente y una polarización social en ascenso, el panorama es desafiante.
El futuro no está escrito, y aunque algunos sectores puedan sentirse desarticulados por la incertidumbre, el desafío es claro: resistir desde la convicción y la construcción colectiva para fortalecer los derechos sociales, el desarrollo económico inclusivo y la equidad.
La historia aún tiene capítulos pendientes, y el próximo año podría representar una oportunidad para reordenar el rumbo y soñar con una Argentina más igualitaria y sostenible.
