En el centro de la polémica por la licitación frustrada de la Hidrovía Paraguay-Paraná, el juez federal Sebastián Casanello ordenó un allanamiento en la empresa Jan de Nul. Esta medida se enmarca dentro de la investigación sobre posibles irregularidades en el proceso licitatorio, que había sido suspendido tras una denuncia presentada por la Coalición Cívica. ¿Qué está detrás de este conflicto que involucra a actores clave en el país? Aquí te lo contamos.

El fiscal Guillermo Marijuan fue quien solicitó el allanamiento, que busca recolectar información relevante sobre una deuda millonaria, de aproximadamente US$78 millones, que el Estado argentino mantiene con Jan de Nul. Esta deuda está relacionada con el dragado del río Paraná, por donde circula el 80% de las exportaciones de Argentina. La situación ha generado mucha controversia, ya que en el pliego de la licitación anulada se especificaba que el ganador debía hacerse cargo de este monto para saldar la deuda existente.

Lo que la Hidrovía Paraguay-Paraná representa para el país es crucial: es una vía vital para el comercio exterior argentino. Sin embargo, las irregularidades señaladas por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) en los pliegos de licitación complican aún más el panorama. Según este informe, no se cuenta con documentación que respalde la existencia de la deuda mencionada. Desde Jan de Nul, por su parte, aseguran que cumplieron con todos los requisitos legales y rechazan las acusaciones de que el proceso fue direccionado a su favor.

El conflicto no termina aquí. La licitación para el dragado y balizamiento de la Hidrovía fue objeto de intensas críticas por parte de varias empresas, como la belga DEME y la danesa Rohde Nielsen, que denunciaron que los pliegos estaban diseñados para beneficiar a Jan de Nul. Aunque el oficialismo rechazó esas acusaciones, la situación dio un giro cuando solo DEME presentó su oferta. Esto llevó al Gobierno a señalar a la empresa belga por presionar a sus competidores para obtener la exclusividad en la licitación.

Ante este panorama, el vocero presidencial Manuel Adorni anunció la apertura de una investigación contra DEME por posibles prácticas anticompetitivas, aunque aún no se ha confirmado el inicio formal de esta investigación. Mientras tanto, DEME defendió su postura, manifestando desconocer las razones de la falta de otras ofertas.

La disputa por la Hidrovía Paraguay-Paraná también ha llegado al Congreso, donde se debatió sobre la situación de la concesión con la presencia de funcionarios del Ejecutivo. El sector agroindustrial sostiene que es fundamental resolver este conflicto, ya que mejorar el dragado podría permitir que los buques naveguen con una carga de hasta el 90% de su capacidad, frente al 60% actual.

El futuro de la Hidrovía está en juego, y cada paso en este proceso judicial podría tener un impacto significativo no solo en la economía argentina, sino también en las relaciones internacionales en torno al comercio fluvial.