La seguridad en Mar del Plata está en el centro del debate. Un operativo municipal contra trapitos y delincuentes generó una denuncia penal contra el intendente Guillermo Montenegro. La presentación fue realizada por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), presidida por el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel.
Pero, ¿qué hay detrás de esta denuncia? ¿Es una cuestión de derechos humanos o una pulseada política?
La Comisión Provincial por la Memoria -cuyo presidente es Pérez Esquivel- le pidió al Concejo Deliberante de nuestra ciudad que me sancionen. Se basan en acciones expresadas en la red social X sobre los operativos contra trapitos y fisuras que estamos llevando adelante.
— Guillermo Montenegro (@gmontenegro_ok) February 18, 2025
Creen… pic.twitter.com/DFOJECXtWC
La CPM exigió al Concejo Deliberante de General Pueyrredón que inicie un juicio político contra Montenegro, argumentando que los operativos de seguridad atentan contra derechos fundamentales. La crítica apunta directamente a los procedimientos policiales en la ciudad, donde el municipio llevó adelante medidas para desalojar a trapitos y detener a personas con pedidos de captura.
En su defensa, Montenegro respondió con dureza: “Creen que la clase media es culpable de todos los males. Pero nadie defiende a quienes pagan sus impuestos, trabajan y llevan a sus hijos a la escuela”. El intendente no dudó en cuestionar el rol de la CPM, afirmando que su denuncia responde a una agenda política.
La situación en Mar del Plata no es un hecho aislado. A nivel nacional, el gobierno de Javier Milei enfrenta un escenario similar, con sectores de la oposición buscando impulsar mecanismos de destitución contra su gestión. “Lo que no pueden ganar en las urnas, lo intentan forzar con una destitución. Están desesperados”, lanzó Montenegro, comparando su situación con la del presidente.
La discusión sigue abierta. Mientras Montenegro defiende su gestión con el argumento de garantizar el orden en la ciudad, la Comisión Provincial por la Memoria sostiene que sus medidas violan derechos fundamentales.
El conflicto no termina aquí. La denuncia penal podría marcar un precedente en la relación entre municipios y organismos de derechos humanos. Y vos, ¿qué opinás? ¿Es una cuestión de seguridad o de política?
