Un cambio silencioso, pero gigante, avanza en los pasillos del Estado nacional. Mientras muchos se preguntan qué está pasando con ciertos entes públicos, la respuesta viene en forma de siglas: DNU. Pero ojo, esto no es solo un tecnicismo. Lo que está por firmar Javier Milei puede modificar, de verdad, cómo funciona gran parte del aparato estatal. Y lo que más sorprende es la cantidad de oficinas que van a desaparecer.
El plan tiene una firma clara: Federico Sturzenegger, el actual ministro de Desregulación del Estado. Con apoyo de José Rolandi, vicejefe de Gabinete, ya tienen el texto casi listo. Solo falta que el presidente le ponga el gancho para que salga publicado en el Boletín Oficial.
Según cuentan desde Casa Rosada, el objetivo es reducir la burocracia y cortar con las llamadas “cajas políticas” que no dan resultados concretos. En total, se eliminarán entre 55 y 58 organismos. Aunque en un principio se evaluaron más de 110 estructuras, se decidió ajustar el número tras una revisión técnica.
Una de las bajas más grandes será el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). Tenía 181 empleados y un presupuesto que superaba los $4.800 millones. Ahora, algunas de sus funciones pasarán a la Jefatura de Gabinete de Guillermo Francos, y otras quedarán en manos de las provincias.
Otro que se va es el Instituto Nacional de las Juventudes (INJUVE), que dependía del Ministerio de Capital Humano, dirigido por Sandra Pettovello. También será disuelto el INPROTUR, un ente con 37 empleados y un presupuesto de más de $12.000 millones, dedicado a la promoción turística.
El DNU también propone centralizar 12 institutos que hoy dependen de la Secretaría de Cultura, a cargo de Leonardo Cifelli. La idea es achicar la estructura para mejorar el rendimiento.
Sin embargo, no todo va a ser recorte. Hay organismos clave que no se tocan: universidades, CONICET, ANMAT, INCAA, ENACOM, INCUCAI, INTA, entre otros. La estrategia es clara: reorganizar, pero sin dejar afuera áreas sensibles o técnicas.
Acá hay un dato importante: el artículo 52 de la Ley Bases garantiza que los trabajadores de organismos eliminados seguirán cobrando su sueldo por un año. Además, podrán ser reubicados en otras áreas del Estado. Así, el Gobierno busca evitar el relato de despidos masivos y mostrar que la reorganización es “con criterio”.
