Imaginá que un medicamento que debía salvar vidas terminó en la mira de la justicia por causar muertes: eso es lo que está pasando con el caso del fentanilo mortal vinculado a Ariel García Furfaro. El empresario, dueño de HLB Pharma y militante K, está en el centro de la investigación por la distribución de un lote contaminado que habría provocado cuadros graves y varias muertes en el país.
En sus primeras declaraciones, García Furfaro negó cualquier responsabilidad y sugirió que podría tratarse de un sabotaje en su contra. “Si realmente las ampollas tienen contaminación, alguien la puso”, afirmó.
El caso está bajo la supervisión del juez federal Ernesto Kreplak, quien investiga el lote N° 31.202, fabricado en diciembre de 2024 por Laboratorios Ramallo para HLB Pharma. Actualmente, las ampollas están siendo analizadas para determinar si existió contaminación bacteriana.
Según el Ministerio de Salud, se distribuyeron más de 540.000 ampollas de fentanilo mortal en 16 provincias, con Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires como principales destinatarias. La causa ganó visibilidad luego de que familiares de víctimas marcharan frente al Hospital Italiano de La Plata, sumando nuevos casos al expediente.
García Furfaro, cuestionado por la justicia, rechazó los rumores que lo vinculan al narcotráfico. “Se dijeron tantas barbaridades, como que yo era narcotraficante, y nada de eso está comprobado”, dijo. Él y su familia, incluyendo hermanos, madre y abuela, figuran entre las 24 personas bajo investigación, con medidas que incluyen inhibición de bienes y prohibición de salir del país.
El empresario, condenado previamente por intento de homicidio, estudió abogacía en el penal de Melchor Romero y mantiene vínculos con dirigentes kirchneristas, sindicalistas y exfuncionarios, entre ellos la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
HLB Pharma también estuvo envuelta en otras controversias: participó en la delegación argentina que llevó la vacuna Sputnik V a Moscú y fue denunciada por evasión fiscal, importaciones irregulares y falsificación de documentos. Además, se cuestionó la validez de su habilitación municipal para operar con precursores químicos, incluyendo citrato de fentanilo mortal.
Mientras la investigación avanza, García Furfaro insiste en que la situación no fue un error de producción, sino un sabotaje. El juez Kreplak sigue reuniendo pruebas para esclarecer el origen de la contaminación y definir las responsabilidades penales.
El misterio sobre quién realmente es responsable del fentanilo mortal mantiene al país pendiente de cada novedad judicial. ¿Se tratará de un error industrial o de un plan para perjudicar al empresario? La respuesta aún no está clara.
