El 20 de enero de 1974, Juan Domingo Perón apareció en cadena nacional con un mensaje que marcaría un punto de inflexión en la historia argentina. Con gesto adusto y vestido con su uniforme de teniente general, el presidente lanzó una advertencia contundente tras el ataque al cuartel de Azul por parte del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP).
“Es hora de que pongamos las cosas en claro y aniquilemos cuanto antes este terrorismo criminal que pretende desestabilizar al país”, sentenció Perón.
Esa declaración no solo evidenciaba su hartazgo ante la violencia guerrillera, sino que también allanaba el camino a una escalada represiva que tendría consecuencias letales. Hoy, sectores del kirchnerismo intentan minimizar ese episodio, pero las palabras de Perón quedaron registradas en la memoria histórica.
En octubre de 1973, Perón había regresado a la presidencia tras 18 años de exilio. Sin embargo, encontró una Argentina dividida y convulsionada. El ERP, de raíz marxista, intensificaba sus ataques, mientras que Montoneros, que surgieron dentro del "peronismo revolucionario", también apostaban por la lucha armada.
Los atentados se multiplicaban: secuestros, asesinatos y ataques a cuarteles. El asesinato del sindicalista José Ignacio Rucci en 1973 fue interpretado como una declaración de guerra contra Perón. Meses después, el copamiento del Regimiento de Azul por el ERP, que dejó muertos y secuestrados, fue la gota que colmó el vaso.
El llamado de Perón a “aniquilar” el terrorismo no fue una simple expresión. Bajo su gobierno, y con más fuerza tras su muerte en julio de 1974, se puso en marcha un aparato represivo que se consolidó con la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina).
Liderada por José López Rega, secretario privado de Perón y luego ministro de Bienestar Social, la Triple A operaba como un escuadrón parapolicial que perseguía y eliminaba a militantes de izquierda. Desde fines de 1973, sus asesinatos y amenazas se volvieron cotidianos.
Aunque Perón murió antes de ver el auge de la Triple A, su discurso fue interpretado como una luz verde para la represión.
Tras la muerte de Perón, su viuda, María Estela Martínez de Perón (Isabel), asumió la presidencia, pero el poder real estaba en manos de López Rega. En febrero de 1975, firmó los Decretos de Aniquilamiento (261/75 y 2772/75), que ordenaban a las Fuerzas Armadas “neutralizar y/o aniquilar” a los grupos subversivos en Tucumán y, luego, en todo el país.
El "Operativo Independencia" en Tucumán fue el primer paso: detenciones ilegales, torturas y desapariciones comenzaron antes del golpe de 1976. La Triple A, con respaldo logístico y financiero del gobierno peronista, asesinó a más de 1.500 personas entre 1974 y 1976, según organismos de derechos humanos.
Los decretos de Isabel Perón no solo anticiparon la represión de la dictadura, sino que también habilitaron las primeras desapariciones forzadas. Aunque hoy algunos sectores intenten reescribir la historia, los hechos demuestran que la maquinaria de la represión comenzó antes del golpe militar de 1976.
