El Gobierno nacional dio un giro en la gestión de recursos humanos estatales al implementar el nuevo régimen de contratación estatal, regulado por los decretos 1148/24 y 1149/24. Este cambio busca reducir drásticamente la estructura del Estado y optimizar el uso de los fondos públicos. Pero, ¿cuáles son los principales puntos de esta normativa y cómo impacta en las contrataciones?
El Decreto 1148/24, firmado por el presidente Javier Milei, establece un criterio estricto: por cada nueva alta de personal, el sector público deberá acreditar tres bajas previas. Esta medida, impulsada por el Ministerio de Desregulación, tiene como objetivo principal reducir la estructura del Estado y acompañar la política de ajuste de este gobierno.
Entre las prohibiciones más destacadas se incluyen:
Designaciones transitorias en las Plantas Transitorias del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública.
Contrataciones bajo modalidades como plazo fijo, tiempo parcial o servicios autónomos.
Incorporaciones en cargos simples de la planta permanente.
Sin embargo, también se han contemplado excepciones para sectores clave, como:
El Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología.
Universidades públicas.
El Servicio Exterior y Guardaparques.
Cargos específicos en áreas ejecutivas y profesionales.
Por otro lado, el Decreto 1149/24 introduce una nueva lógica temporal. A partir del 1 de enero de 2025, las contrataciones no podrán exceder los seis meses, con una fecha límite de vigencia hasta el 30 de junio del mismo año. Además, todo el personal contratado deberá aprobar una Evaluación General de Conocimientos y Competencias, un requisito obligatorio para todas las entidades del sector público.
Quienes no superen la evaluación podrán continuar bajo contrato solo hasta el 31 de marzo de 2025. Asimismo, las empresas estatales y las entidades con mayoría accionaria estatal deberán adaptar medidas similares para alinear sus prácticas con esta normativa.
El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, destacó el impacto del Decreto 1148/24 en redes sociales, afirmando: “Cualquier alta de personal en el Estado solo será posible si por cada una el área hubiera verificado tres bajas previas”. Este enfoque refuerza el discurso de austeridad que define al gobierno de Javier Milei.
Además, cada alta de personal deberá ser justificada ante la Subsecretaría de Modernización y Desarrollo del Empleo Público, una dependencia clave de la Secretaría de Transformación del Estado.
Según el Ejecutivo, estas restricciones responden a la “emergencia pública” y a la necesidad de “optimizar los recursos asignados a las designaciones y contrataciones del sector público”. En paralelo, el Gobierno instó a las empresas con participación estatal mayoritaria a adoptar medidas similares, buscando un ajuste integral en todas las áreas del sector.
El nuevo régimen de contratación estatal representa un cambio profundo en la gestión de los recursos humanos públicos. Aunque estas medidas buscan reducir el gasto y fomentar la eficiencia, también plantean interrogantes sobre su implementación en un contexto económico y político desafiante.
Con las nuevas exigencias y evaluaciones, el Gobierno de Javier Milei pretende consolidar su visión de un Estado más liviano y eficiente. El impacto real de estas políticas dependerá de cómo se ejecuten y de su aceptación en las distintas jurisdicciones. ¿Será suficiente para transformar la estructura estatal? El tiempo y los resultados dirán la última palabra.
