En un nuevo golpe a las estructuras clientelistas del kirchnerismo, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) decidió suspender 196 cooperativas de trabajo por graves irregularidades en su constitución y funcionamiento. Entre ellas, 14 están directamente relacionadas al Movimiento Evita, la organización dirigida por Emilio Pérsico, quien ha sido señalado como uno de los principales exponentes de los negocios oscuros del kirchnerismo.
La medida del Gobierno de Javier Milei llega tras descubrir que muchos de los socios fundadores integraban múltiples cooperativas a la vez, usaban domicilios compartidos con organizaciones políticas y, en general, distorsionaban completamente el modelo cooperativo.
En algunos casos, dos personas llegaron a crear hasta 14 cooperativas cada una. Este tipo de prácticas sugiere un intento sistemático de desviar recursos del Estado, algo que no pasó desapercibido para el INAES.
Esta decisión no es un hecho aislado. Ya el INAES había dado de baja 33 cooperativas vinculadas a la causa "Guardapolvos", un escándalo de presunto lavado de dinero que involucró al ex Ministerio de Desarrollo Social bajo la gestión de la kirchnerista Victoria Tolosa Paz. En este caso, las cooperativas recibieron más de $5.000 millones para la confección de guardapolvos, pero solo entregaron la mitad del pedido, mientras cobraban el 80% del dinero asignado.
Según la resolución 3243/24 del INAES, muchas de estas cooperativas fueron creadas entre 2021 y 2023 aprovechando una flexibilización normativa impulsada durante el gobierno de Alberto Fernández. Esta situación cambió en diciembre de 2024, cuando Javier Milei endureció las regulaciones para evitar que se sigan creando cooperativas con fines fraudulentos.
Uno de los casos más notorios involucra a Emilce Aguirre, dirigente del Movimiento Evita en Berazategui. Esta mujer figura como fundadora de 14 cooperativas, cuatro de las cuales compartían domicilio con un local del Movimiento Evita en Avenida 14. Este tipo de irregularidades llevó al INAES a suspender las cooperativas involucradas.
Aguirre también declaró tener ocupaciones muy diversas: desde albañil y cocinera hasta comunicadora y trabajadora de mantenimiento. Esta falta de coherencia entre las ocupaciones y las cooperativas registradas refuerza la sospecha de que estas entidades no tienen actividad real, sino que se usaron como un mecanismo para desviar fondos públicos.
La suspensión de estas cooperativas es parte del Plan de Reordenamiento y Control impulsado por la gestión de Sandra Pettovello, que ya ha llevado a la cancelación de casi 5.000 cooperativas y 417 mutuales por falta de documentación o incumplimiento de normativas.
Este control se refuerza con la lucha contra las estructuras clientelistas que se benefician del dinero público sin ofrecer un servicio real a la comunidad. Los casos como el de "Guardapolvos" muestran cómo el Estado financió a cooperativas que, lejos de cumplir con sus objetivos, solo explotaron recursos destinados a la inclusión social.
Javier Milei continúa con su cruzada para garantizar un Estado más transparente y menos permeable a la corrupción. La suspensión de estas cooperativas es un claro mensaje de que no se tolerarán más abusos en el uso de los recursos públicos.
