La respuesta todavía no es definitiva. El Gobierno juega su última carta en el caso YPF y presentó un pedido clave ante la jueza Preska que puede frenar todo… o acelerar el peor escenario.
El Gobierno argentino pidió a la jueza Loretta Preska suspender el fallo por la expropiación de YPF, que lo obliga a pagar USD 16.000 millones. Esta jugada busca ganar tiempo: si se acepta, la ejecución del fallo podría demorarse varios meses. Pero si la jueza dice que no, la presión para pagar se activaría a mediados de este mes.
¿Por qué es tan importante esta movida legal? Porque en paralelo, la Argentina prepara la apelación formal del fallo. Y si se logra frenar su aplicación hasta que la Cámara revise la causa, el país ganaría margen para evitar una transferencia de acciones que, según la Casa Rosada, sería “un daño irreparable”.
Además, el Gobierno dejó en claro algo: no aceptará negociar con el fondo demandante, Burford Capital, mientras el proceso legal no esté cerrado. Para los abogados del Estado, ofrecer un acuerdo antes de agotar todas las instancias judiciales sería entregar demasiado sin necesidad.
El planteo argentino tiene dos ejes:
La legalidad de la sentencia: el Gobierno cree que Preska se excedió al determinar que debía extenderse a otros accionistas la oferta hecha a Repsol en la expropiación de 2012.
El monto a pagar: sostienen que los USD 16.000 millones no están consolidados. Argumentan que si se revisan bien la fecha de referencia del cálculo y el tipo de cambio, la cifra podría bajarse a “unos cientos de millones”.
Esto último es clave. Porque si la justicia de Estados Unidos acepta ese argumento, el impacto económico del juicio sería muchísimo menor. La estrategia de defensa apunta ahí: reducir el monto y ganar tiempo.
Hay tres escenarios posibles:
Preska acepta el pedido: se frena la ejecución del fallo y se gana tiempo hasta que se resuelva la apelación.
Preska lo rechaza, pero la Cámara lo acepta: también se gana tiempo, aunque con más tensión.
Nadie acepta frenar el fallo: se activa el proceso de pago, que incluye transferir acciones del Estado en YPF. Esto sería un gran problema técnico y político, y difícilmente reversible si luego la sentencia se revierte.
Por eso, en el Gobierno aseguran que no se van a sentar a negociar bajo presión. “No aceptarán negociar” mientras no haya una decisión firme. El fondo Burford, por su parte, empezó a deslizar la posibilidad de llegar a un acuerdo. Pero por ahora, la Casa Rosada no se mueve.
El caso YPF sigue su curso en dos frentes: el judicial, que busca revertir el fallo, y el político, que intenta evitar un golpe económico al Estado. Todo dependerá de cómo responda Preska en los próximos días.
