Una auditoría realizada por el Gobierno en la Defensoría del Público, organismo surgido a partir de la Ley de Medios, reveló que destina una gran parte de su presupuesto diario de $10 millones en capacitaciones para periodistas y medios de comunicación. Varios de estos comunicadores han sido objeto de denuncias recurrentes.
La mayoría de las denuncias se dirigen hacia los mismos grupos y profesionales de la comunicación, lo que lleva a las autoridades a sospechar que existe un “sesgo ideológico” en los últimos tiempos, con el objetivo de controlar lo que se transmite por televisión y radio.
Hasta hace pocas semanas, la entidad estuvo bajo la dirección de Miriam Lewin, quien asumió durante el mandato de Alberto Fernández. Fue reemplazada recientemente por la exdiputada del PRO Soher El Sukaria, quien inició un proceso de revisión del personal y los gastos del organismo.
De acuerdo con un informe al que accedió Infobae, la Defensoría asigna $270 millones mensuales a salarios, distribuidos entre los 120 empleados de planta permanente y otros 25 trabajadores bajo contratos temporales o pasantías.
Además, el informe señala que el organismo destina unos $300 millones mensuales al funcionamiento general, lo que equivale a 1.000 jubilaciones mínimas. Este presupuesto incluye gastos de alquiler y servicios, y se proyecta que para 2025 se requerirán unos $4.400 millones, de los cuales el 20% provendría del Tesoro Nacional.
La Defensoría del Público fue creada con la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual. Su función principal es recibir y gestionar reclamos del público sobre contenidos en radio y televisión. Sin embargo, la mayoría de sus actuaciones no llegan a la justicia, sino que se resuelven mediante recomendaciones a las empresas implicadas, instándolas a “revisar su manera de operar”.
Uno de los aspectos más destacados de la auditoría es que, a pesar de que el organismo debe “promover el derecho a la comunicación democrática”, la mayoría de su personal no está dedicado a tareas legales, sino a áreas de capacitación y administración.
En 2020, bajo la gestión de Miriam Lewin, se lanzó el observatorio NODIO, un proyecto enfocado en monitorear la desinformación y la violencia simbólica en los medios. Aunque este programa fue criticado por organizaciones como ADEPA y la SIP, finalmente dejó de funcionar poco tiempo después.
El nuevo informe de la gestión de Soher El Sukaria reveló que el 70% de las denuncias provienen de la provincia de Buenos Aires y, en muchos casos, los denunciantes son los mismos usuarios, quienes apuntan contra los mismos comunicadores.
Entre los periodistas más denunciados destacan Viviana Canosa y Ángel “Baby” Etchecopar, seguidos de Esteban Trebucq, Eduardo Feinmann, Jonatan Viale, Jorge Lanata, Rolando Graña y Alejandro Fantino. Otros nombres que aparecen en la lista incluyen a Marcelo Bonelli, Nelson Castro y Joaquín Morales Solá.
En el Gobierno, se está evaluando la posibilidad de disolver el organismo, una idea que fue discutida en una reciente reunión entre el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y diputados del PRO. La legisladora Silvana Giudici presentó un proyecto que busca transferir los recursos de la Defensoría del Público a la Defensoría del Pueblo de la Nación. Esta última ya cuenta con las facultades necesarias para “garantizar los derechos de los ciudadanos”, incluidos los de las audiencias de medios de comunicación.
