El Gobierno nacional dio un paso clave en materia de seguridad penitenciaria al autorizar la instalación de tecnología para detectar y bloquear celulares dentro de cárceles federales. La medida quedó formalizada mediante la Resolución 336/2026 del Ministerio de Seguridad, publicada en el Boletín Oficial.
La iniciativa busca cortar de raíz una problemática que viene en aumento: el uso ilegal de teléfonos móviles por parte de internos para cometer delitos. En los últimos años, investigaciones judiciales revelaron que desde las cárceles se organizaban estafas telefónicas, amenazas e incluso robos, mediante verdaderos “call centers” delictivos.
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, instruyó al Servicio Penitenciario Federal (SPF) a avanzar con la implementación de sistemas capaces de identificar dispositivos activos dentro de los penales y bloquear su funcionamiento de forma selectiva.
A diferencia de los antiguos inhibidores de señal —que afectaban la conectividad en zonas cercanas a los penales—, el nuevo sistema apunta a una intervención quirúrgica. Permitirá detectar celulares en uso dentro de las cárceles y anularlos sin generar interferencias fuera de los muros.
Este punto era uno de los principales reclamos en experiencias anteriores, donde vecinos y servicios cercanos se veían perjudicados por bloqueos masivos de señal.
El Gobierno nacional instalará inhibidores de señal para detectar y bloquear celulares en cárceles federales.
— Manuel Adorni (@madorni) April 20, 2026
En las manos de un preso un celular es un arma.
Fin.
En ese marco, la medida se ajusta a lo establecido por la Ley 24.660, que habilita a los detenidos a comunicarse con familiares y abogados, pero prohíbe expresamente el uso de celulares.
Hasta ahora, los operativos de requisa lograban secuestrar teléfonos, pero el problema persistía. La facilidad con la que los dispositivos reingresaban y la falta de herramientas tecnológicas eficaces impedían una solución de fondo.
La nueva resolución contempla no solo la compra de los equipos, sino también su instalación, mantenimiento y la aprobación de un protocolo técnico específico. Este manual definirá cómo se realizará la detección y el bloqueo en tiempo real.
Si bien la aplicación no será inmediata, desde el Gobierno consideran que se trata de un cambio estructural. El objetivo es recuperar el control dentro de los establecimientos penitenciarios y desarticular uno de los principales canales que hoy utilizan las organizaciones criminales para operar desde prisión.
