El Concejo Deliberante de Córdoba ya tiene definido un plan concreto para achicar su estructura y reducir gastos. La iniciativa, que impacta de lleno en la organización política y administrativa, apunta a eliminar subsecretarías, degradar áreas y recortar costos asociados a funcionarios, asesores y personal contratado.
La medida se inscribe en un contexto de fuerte caída de los fondos disponibles, que obliga a la dirigencia local a revisar el funcionamiento interno del cuerpo legislativo. Desde el oficialismo sostienen que el objetivo central es bajar un 30% los gastos vinculados a personas y estructura política, sin afectar los servicios esenciales.
La decisión se cocina puertas adentro del Palacio 6 de Julio, sede del poder municipal, donde el intendente Daniel Passerini sigue de cerca la reestructuración como parte de una estrategia más amplia de ordenamiento fiscal.
El proyecto de reordenamiento administrativo apunta directamente a las denominadas segundas líneas de gestión. En términos concretos, se eliminarán subsecretarías y varias áreas perderán jerarquía política para pasar a funcionar únicamente como direcciones.
Según trascendió, el ajuste alcanza a:
Subsecretarías que dejarán de existir
Áreas que bajarán de rango administrativo
Reducción de asesores y personal contratado
Revisión de estructuras superpuestas
Desde el oficialismo remarcan que no se trata de un recorte simbólico, sino de una reconfiguración profunda del esquema interno del Concejo. Sin embargo, hasta el momento no se difundió el número exacto de cargos afectados, un dato clave que todavía permanece sin confirmación oficial.
La movida del Concejo Deliberante no es aislada. La reestructuración va en sintonía con la política de austeridad que impulsa el gobernador Martín Llaryora en toda la provincia.
El Gobierno de Córdoba ya viene aplicando medidas de contención del gasto, con foco en el achicamiento del aparato político y la revisión de contratos. En ese marco, la Municipalidad de Córdoba busca mostrar coherencia fiscal y alineamiento con la estrategia provincial.
Desde el entorno de Daniel Passerini señalan que el ajuste es una respuesta directa al nuevo escenario económico, marcado por menores transferencias y mayores exigencias de equilibrio presupuestario.
En paralelo al recorte de cargos políticos, la Municipalidad avanza con otra meta: reducir el gasto en alquileres de inmuebles utilizados como oficinas públicas. La idea es centralizar dependencias, optimizar espacios propios y eliminar contratos considerados innecesarios.
El ajuste apunta a reducir 30% del gasto político
Se eliminan subsecretarías y se bajan rangos administrativos
Afecta a asesores, segundas líneas y personal contratado
Se suma un plan para gastar menos en alquileres
Falta conocer cuántos cargos concretos se eliminarán
Por ahora, el proyecto avanza a paso firme dentro del Concejo, mientras la oposición analiza su alcance real. El debate de fondo no es solo político: es fiscal y estructural, en un contexto donde cada peso cuenta.