El Gobierno nacional avanzará con una denuncia por terrorismo contra los responsables de los ataques registrados en las inmediaciones del Congreso de la Nación durante el debate de la reforma laboral. Así lo confirmó la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, quien sostuvo que no se trató de una protesta social tradicional, sino de una acción coordinada y violenta con el objetivo de alterar el orden democrático.
Según explicó la funcionaria, la presentación judicial se realizará en el fuero federal, invocando la Ley Antiterrorista N° 26.734, una figura penal que agrava las penas cuando los delitos buscan sembrar terror en la población o forzar decisiones de las autoridades públicas.
“Una bomba Molotov es una bomba. Es un arma con intención de generar caos”, afirmó Monteoliva en declaraciones radiales, al describir el nivel de violencia desplegado durante los incidentes.
La ministra fue categórica al detallar el material secuestrado y las conductas observadas durante los disturbios. De acuerdo al parte oficial, los agresores utilizaron bidones con nafta, bombas Molotov, bulones disparados con gomeras y palos adaptados como armas.
Para el Ejecutivo, estos elementos configuran un escenario muy distinto al de delitos menores como daños o resistencia a la autoridad. La calificación por terrorismo implica un endurecimiento sustancial del enfoque penal, alineado con la postura del Gobierno de Javier Milei, que viene insistiendo en la necesidad de restablecer el principio de autoridad del Estado.
Desde el oficialismo sostienen que el ataque tuvo como finalidad condicionar el funcionamiento del Congreso y sabotear el debate legislativo en un momento clave de la agenda de reformas.
Monteoliva también defendió el accionar de las fuerzas de seguridad y aseguró que se aplicaron los protocolos vigentes para evitar una escalada aún mayor de violencia. Según explicó, la prioridad fue dispersar los focos más peligrosos mediante agua y gases, antes de avanzar con detenciones que podían poner en riesgo la vida de los efectivos.
“No había manera de detenerlos cuando estaban arrojando bombas Molotov”, sostuvo.
En relación con las críticas por la custodia de las vallas, la ministra remarcó que cada una pesa alrededor de 100 kilos, y que su correcta sujeción es clave para evitar un efecto dominó que podría provocar heridos graves.
Desde la Casa Rosada remarcan que el objetivo central fue garantizar el funcionamiento institucional y proteger tanto a legisladores como a ciudadanos.
La investigación judicial ya permitió identificar a más de 17 personas y derivó en más de 70 detenciones tras los incidentes. La causa cuenta con intervención de la fiscalía y un amplio análisis de material audiovisual.
Las fuentes de información incluyen:
Cámaras federales
Cámaras de la Ciudad
Registros de medios de comunicación
Entre las herramientas utilizadas figura el Sistema Luna de reconocimiento facial, además de otros sistemas de análisis biométrico. Según Monteoliva, los perfiles detectados corresponden a personas de distintas edades y jurisdicciones, con algunos casos que presentan antecedentes penales y posibles vínculos con barras bravas o grupos radicalizados.
La ministra desmintió de manera tajante las versiones difundidas por sectores de la izquierda sobre supuestos infiltrados policiales entre los manifestantes violentos.
“Es un disparate pensar que el Gobierno genere este tipo de situaciones”, afirmó, y subrayó que todo el operativo está judicializado y documentado.
El saldo oficial fue de siete efectivos heridos y civiles con lesiones leves, sin víctimas de gravedad. No obstante, Monteoliva cuestionó la rapidez con la que en ocasiones la Justicia libera a detenidos en este tipo de episodios.
En ese marco, respaldó la media sanción del proyecto de baja de la edad de imputabilidad, al considerarlo una herramienta necesaria para fortalecer la respuesta del Estado frente a delitos graves.
