Una investigación internacional basada en documentos filtrados encendió alarmas en el escenario político argentino: una presunta operación de desinformación impulsada desde Rusia habría tenido como objetivo afectar al gobierno de Javier Milei mediante la difusión sistemática de contenidos críticos en medios locales.
Según los registros analizados, la maniobra no habría sido aislada, sino parte de una estrategia coordinada para influir en la opinión pública y favorecer narrativas alineadas con sectores de izquierda. El informe menciona una amplia lista de medios argentinos que habrían funcionado como canales de publicación, aunque no establece responsabilidades directas ni confirma la existencia de pagos.
Entre los sitios señalados aparecen C5N, Ámbito, El Destape, A24, Tiempo Argentino, El Cronista e Infocielo, entre otros. Se trata de plataformas con perfiles editoriales diversos, lo que refuerza la hipótesis de una estrategia transversal para amplificar el alcance del contenido.
La red, identificada internamente como “La Compañía”, habría proyectado un presupuesto de US$ 283.000 para financiar al menos 250 publicaciones entre junio y octubre de 2024. Sin embargo, el informe es claro en un punto clave: no hay pruebas concluyentes de que los pagos se hayan realizado ni de quiénes habrían sido los destinatarios.
El mecanismo de inserción de contenido incluía intermediarios que se presentaban como agencias o consultoras. Esto permitía que los artículos ingresaran a los medios sin controles editoriales estrictos. De hecho, varios actores consultados reconocieron que este tipo de material se publicaba con “escasa verificación” previa.
Uno de los elementos más contundentes del caso es la utilización de identidades falsas para firmar artículos. El ejemplo más claro es Gabriel Di Taranto, supuesto especialista con formación en la Universidad Nacional de Avellaneda, cuya existencia fue negada por la propia institución.
Además, la imagen atribuida al autor habría sido generada con inteligencia artificial, lo que evidencia un esquema sofisticado para dotar de credibilidad a los contenidos. Esta práctica, combinada con la repetición de narrativas específicas, refuerza la hipótesis de una operación estructurada.
Las operaciones de este tipo no eran desconocidas para el Estado. La Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) ya había detectado en 2025 movimientos vinculados a esta red, incluyendo la presencia de ciudadanos rusos en el país con presuntos objetivos de influencia política.
Según la investigación oficial, la estrategia no se limitaba a publicar artículos: también buscaba generar vínculos con actores locales, intervenir en organizaciones y medir el impacto de los mensajes. Es decir, una arquitectura de injerencia más amplia sobre el debate público argentino.
A pesar de la gravedad del caso, persisten zonas grises: no está probado el circuito financiero ni la responsabilidad directa de los medios mencionados, lo que deja abierta la investigación y el debate sobre los mecanismos de control editorial en el país.
