El Gobierno de Javier Milei ha anunciado una importante simplificación en los trámites del transporte de cargas en todo el país. Con esta medida, la inscripción en el Registro Único del Transporte Automotor (RUTA) será completamente electrónica, sin costo y declarativa, eliminando la necesidad de realizar trámites presenciales.
Este registro, obligatorio desde 2003, regula el transporte de cargas tanto a nivel nacional como internacional para transportistas con vehículos propios o contratados. Los transportistas no registrados enfrentan multas. Sin embargo, el nuevo Decreto 832/2024 eleva el límite de la obligación de inscripción en el RUTA, de vehículos con una capacidad de 700 kilos a 3500 kilos, reduciendo significativamente el número de transportistas obligados a registrarse. Este cambio representa un duro golpe para el sindicalismo asociado a Hugo Moyano.
El RUTA ha funcionado como la habilitación comercial necesaria para los transportistas, quienes ahora podrán gestionar este documento en formato digital y acceder a descuentos en las tasas de transferencia vehicular.
La Secretaría de Transporte informó que en los próximos 60 días se llevarán a cabo las actualizaciones tecnológicas necesarias para implementar las nuevas medidas.
Este avance marca un importante paso hacia la desregulación del transporte automotor, facilitando los trámites y fomentando una mayor competitividad en el sector. Estas acciones, impulsadas por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, buscan simplificar los procesos y reducir los costos.
En redes sociales, Sturzenegger destacó la importancia de la medida: "Escuchamos por años que cuesta más mandar un contenedor de Mendoza a Buenos Aires que de Buenos Aires a Rotterdam. Hoy, junto a Luis Caputo y Franco Moggeta, estamos desarmando esos costos". Además, calificó al RUTA como un "trámite absurdo", cuyo proceso ahora será digital y gratuito, ahorrando tiempo y dinero a los transportistas.
El decreto también afecta al transporte de pasajeros en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde los servicios de oferta libre quedarán desregulados, permitiendo a las empresas definir la cantidad de servicios, rutas y tarifas. Esta medida busca aumentar la oferta de transporte para los usuarios, mientras se mantiene el cumplimiento de estándares mínimos de seguridad.
Las compañías que ya operan bajo permisos estatales podrán continuar haciéndolo hasta que se establezcan nuevas regulaciones por parte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
