La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) llevará a cabo una auditoría de los comedores y merenderos comunitarios registrados durante el gobierno de Alberto Fernández. Este registro, el Registro Nacional de Comedores y Merenderos (ReNaCoM), está en su mayoría vinculado a movimientos sociales o piqueteros. Según datos de la administración anterior, había más de 40,000 "preinscriptos", muchos de los cuales supuestamente recibían alimentos sin atender a personas necesitadas.

Irregularidades en el registro

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, presentó una denuncia ante la Justicia, alegando que muchos de los espacios preinscriptos "no existían" y, sin embargo, recibían alimentos financiados por el Estado a través del ex Ministerio de Desarrollo Social. Las auditorías internas revelaron que solo el 7% de los comedores que recibían asistencia alimentaria rendían cuentas adecuadamente.

En su exposición en el parlamento, el ex Jefe de Gabinete, Nicolás Posee, indicó que se inició un relevamiento de los espacios solicitantes del ReNaCoM. Entre el 7 de febrero y el 5 de abril de 2024, se identificaron 2,193 espacios, de los cuales 1,161 eran reconocidos como comedores o merenderos. Sin embargo, el 33% de los 1,032 que no pudieron ser identificados ya no funcionaban como tales.

Comedores que no existían

Según la última actualización del ReNaCoM, había "preinscriptos 40,427 lugares". Entre estos, se auditaron 3,385 comedores, y el 47.5% no había operado o había dejado de hacerlo. Además, el 27% de la información de preinscripción presentaba inconsistencias, como direcciones inexistentes.

A partir del 10 de diciembre de 2023, por orden de Javier Milei, se iniciaron auditorías en los organismos estatales, siendo el ex Ministerio de Desarrollo Social uno de los más criticados. Se descubrieron "falencias en los programas" y problemas en la asistencia a comedores, además de morosidad en la rendición de la Tarjeta Alimentar.

Desvíos y consecuencias judiciales

La SIGEN investiga un presunto desvío de alimentos a comedores fantasma, lo que ha llevado a la apertura de causas judiciales. Las auditorías revelaron que ciertos comedores, como Los Angelitos, recibieron grandes cantidades de alimentos, a pesar de que no existían. Situaciones similares fueron encontradas en otros establecimientos.

La causa está caratulada como "defraudación contra la administración pública", e involucra tanto a los responsables de los comedores como a las ex autoridades que debían supervisar la distribución de alimentos a los más necesitados. La auditoría de la SIGEN pretende aclarar este complejo panorama, donde la comida destinada a las familias vulnerables podría haber sido desviada para otros fines.

Las auditorías anteriores habían señalado la falta de controles en la entrega de alimentos, que se estima era de entre 12 a 14 toneladas mensuales, administradas en su mayoría por movimientos sociales vinculados al ex oficialismo.