Una denuncia penal por crímenes de lesa humanidad contra el expresidente boliviano está en marcha en la Justicia argentina. Pero, ¿por qué se presenta en este país y qué implica para su futuro político? Quedate, que te lo explicamos punto por punto.
El reclamo judicial lo presentó el Foro Argentino por la Democracia en la Región (FADER), junto a ciudadanos bolivianos que dicen haber sido víctimas directas del gobierno de Evo Morales. La causa quedó en manos del Juzgado Federal N.º 5, dirigido por la jueza María Eugenia Capuchetti.
Según el documento de 45 páginas, Evo Morales habría sido responsable de múltiples violaciones a los derechos humanos durante sus casi 14 años en el poder (2006-2019). La denuncia reúne 21 casos reconocidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Los puntos centrales son:
Persecución judicial a opositores.
Represión violenta en protestas.
Ataques a la libertad de prensa.
Eliminación de la independencia judicial.
Uno de los casos más mencionados es el de Dirk Schmidt, alemán y exfuncionario de Santa Cruz, acusado falsamente de terrorismo, según la presentación. Otro caso clave es el de Rosario Canedo, exministra de la Corte Suprema, procesada sin pruebas por liberar a un dirigente opositor.
Acá entra en juego el principio de “jurisdicción universal”. Cuando un país no investiga crímenes graves como los de lesa humanidad, otro Estado puede intervenir. En este caso, los denunciantes aseguran que Bolivia no avanza con estas causas. Por eso recurrieron a la Justicia argentina, como ya ocurrió con causas contra Nicolás Maduro.
Según el escrito, entidades como Human Rights Watch y Amnistía Internacional alertaron sobre un uso político de la Justicia boliviana durante el mandato de Evo Morales. La falta de garantías judiciales en su país es el argumento principal para que intervenga Argentina.
Pese a estar inhabilitado por el Tribunal Constitucional boliviano, Evo Morales insiste en postularse en las elecciones de agosto. Esta decisión generó tensiones con el actual mandatario, Luis Arce, quien le pidió públicamente que baje su candidatura para evitar fracturas internas.
Desde su cuenta oficial, Morales respondió con un mensaje largo donde afirmó: “Solo el pueblo puede pedirme que decline la candidatura”. También defendió su gestión y convocó a sus seguidores a “reconstruir la patria”.
El proceso judicial recién empieza, pero podría tener consecuencias políticas y diplomáticas. Mientras la Justicia argentina analiza la denuncia, el clima político en Bolivia se recalienta. ¿Avanzará la causa? ¿Logrará Morales ser candidato otra vez? Lo cierto es que las respuestas no tardarán en llegar.
