El gobierno de Javier Milei confirmó la eliminación, fusión o transformación de 100 organismos públicos. La decisión se tomó al vencerse las facultades delegadas otorgadas por la Ley Bases, y marca un antes y un después en la estructura del Estado.
La medida se oficializó desde el Ministerio de Desregulación y Modernización, conducido por Federico Sturzenegger, y fue presentada como parte de un programa de “recorte de gasto” y “modernización”. El símbolo de esta política es la motosierra, usada por el gobierno para referirse a los ajustes más drásticos.
Entre las disoluciones más fuertes se encuentran:
La Dirección Nacional de Vialidad
La Agencia Nacional de Seguridad Vial
La CNRT (Comisión Nacional de Regulación del Transporte)
El INADI
El Instituto Nacional del Cáncer
El Instituto Nacional de Semillas
Estas decisiones impactan en áreas como transporte, salud, cultura, energía, medio ambiente, seguridad y agricultura. En muchos casos, los organismos fueron absorbidos por ministerios o convertidos en “unidades organizativas”, sin autonomía propia.
También se disolvieron varios fondos fiduciarios, como el Fondo PROGRESAR, el PRO.CRE.AR., el Fondo de Integración Socio Urbana, el FONDEP, y el FOBOSQUE, entre otros.
Según el gobierno, se busca terminar con “estructuras duplicadas, vacías o usadas políticamente”. En palabras del ministerio, muchas de estas entidades servían para “hacer caja”, “militar ideología” o “colocar amigos”.
Sin embargo, la contracara es la pérdida de funciones estatales clave, como la promoción de derechos, el control del transporte o la producción científica pública.
El dato que genera más tensión: miles de empleados públicos quedarían sin función o sin trabajo. La reubicación no está garantizada y, en varios casos, se anunció directamente la desvinculación.
Los gremios estatales ya preparan protestas y recursos judiciales. Además, varias provincias y municipios se verán afectados por la falta de fondos y programas que antes llegaban desde Nación.
Este recorte masivo, impulsado por Milei, representa una transformación inédita del Estado argentino. Desde la motosierra simbólica, el gobierno avanzó con 100 organismos públicos cerrados o modificados, alegando eficiencia, pero dejando abiertas muchas preguntas sobre el impacto social y económico que dejará.
