¿Puede una decisión política tomada hace cinco años volver a sacudirnos hoy? Lo que parecía una medida sanitaria terminó teniendo consecuencias que todavía se sienten en La Matanza. Uno de los liberados durante la pandemia ahora está presuntamente vinculado a un triple crimen, dejando muchas preguntas abiertas sobre aquella política de excarcelaciones.
En abril de 2020, el gobierno de Alberto Fernández impulsó la liberación masiva de presos para “evitar contagios en las cárceles”. Entre los beneficiados se encontraban homicidas, violadores y narcotraficantes. En ese contexto, la entonces legisladora porteña Ofelia Fernández defendió la medida en redes sociales, asegurando que “no era libertad, sino prisión domiciliaria”. Sin embargo, en la práctica, más de 10.000 personas recuperaron la libertad, incluyendo individuos con antecedentes graves.
Entre ellos estaba Luis Enrique Cueva Luján, un narcotraficante peruano que años atrás había sido detenido. Según las investigaciones actuales, Cueva Luján sería el dueño de la droga involucrada en el triple crimen que conmocionó a La Matanza. Su liberación durante la pandemia ilustra cómo las medidas políticas pueden tener repercusiones que trascienden el tiempo y el espacio.
El brutal asesinato de tres jóvenes reabrió el debate sobre las políticas de excarcelación. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, cuestionó con dureza aquellas decisiones:
“El narco dueño de la droga del triple crimen, liberado con la excusa de la pandemia y protegido por la doctrina kirchnerista pro-delincuentes. Cuando un gobierno admite que perdió la lucha contra el narco, pasan estas cosas. Nuestra forma de trabajo es clara: lo vamos a buscar y lo vamos a meter preso. El que las hace, las paga. Sea quien sea”.
El caso muestra cómo la defensa de medidas que en su momento parecían “humanitarias” o “sanitarias” tuvo efectos que hoy resultan difíciles de ignorar. Las advertencias sobre los riesgos de liberar narcotraficantes y homicidas fueron minimizadas por figuras como Ofelia Fernández, pero la realidad del triple crimen en La Matanza expone el costo de esas decisiones.
Analistas y vecinos coinciden en que la situación evidencia un patrón más amplio: cuando las excarcelaciones se aplican sin filtros claros, los riesgos para la sociedad pueden ser enormes. Este episodio vuelve a poner en el centro de la atención pública la doctrina pro-delincuentes que, según críticos, formó parte de la estrategia kirchnerista durante la pandemia.
Mientras los investigadores avanzan en la causa del triple crimen, el recuerdo de aquella política de excarcelaciones y la defensa pública de figuras como Ofelia Fernández generan un debate que promete mantenerse abierto. La pregunta que queda en el aire es inevitable: ¿hasta qué punto las decisiones tomadas en nombre de la salud pública deben medirse frente a los riesgos reales para la seguridad de los vecinos?
